Un grupo de 20 personas armadas con cuchillos ingresó esta semana al edificio de los Tribunales de San Martín y protagonizó un episodio que incluyó amenazas dirigidas al juez Nicolás Schiavo.
Un luz de advertencia se encendió en el conurbano. Una amenaza gravísima. Un grupo de aproximadamente 20 personas armadas con cuchillos ingresó esta semana al edificio de los Tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, donde funciona el Juzgado de Garantías N.º 5, y protagonizó un episodio que incluyó amenazas dirigidas al juez Nicolás Schiavo.
El hecho ocurrió el miércoles 4 de febrero, cerca de las 11.30, en el inmueble ubicado en la intersección de Pueyrredón y Cerrito, sede de varios juzgados del Departamento Judicial San Martín. De acuerdo con los testimonios recogidos por varios cronista de radio y televisión, el grupo ingresó portando armas blancas y se dirigió a la mesa de entradas del juzgado, donde exigió entrevistarse con el magistrado.
Los agresores intentaron avanzar hacia el primer piso del edificio, donde se encuentran los despachos judiciales, pero fueron contenidos por empleados que bloquearon el acceso con mobiliario. Durante el episodio se produjeron destrozos, entre ellos la rotura de una ventana, y se vivieron momentos de tensión entre el personal presente. “Sino actuábamos con rapidez terminaban copando el despacho del juez”, le reveló a A24.com un testigo que exigió el anonimato.
Según la reconstrucción de los hechos, el grupo se retiró del lugar sin que se produjeran detenciones. La investigación posterior vinculó el episodio con una causa penal en trámite relacionada con narcotráfico, en la que se habían realizado allanamientos y detenciones previas, con secuestro de armas de fuego, municiones y otros elementos. La principal hipótesis sostiene que la irrupción habría tenido como objetivo presionar al juez para obtener la liberación de personas detenidas.
El juez Schiavo señaló posteriormente que interpretó el episodio como “una intimidación al funcionamiento del sistema judicial” y expresó su preocupación por la seguridad del personal del juzgado, al tiempo que advirtió sobre la falta de medidas de seguridad adecuadas en el edificio, que no cuenta con sistemas de vigilancia suficientes. En la entrada de las oficinas judiciales no hay ni siquiera cámaras de seguridad.
El ataque ocurrido en San Martín se suma a otros antecedentes registrados en el país vinculados a amenazas y ataques contra funcionarios judiciales, especialmente en causas vinculadas al crimen organizado. En Rosario, provincia de Santa Fe, fiscales y jueces que intervinieron en investigaciones y juicios contra bandas narcocriminales fueron blanco de amenazas y atentados armados, lo que derivó en la implementación de protocolos de seguridad reforzados, incluidos custodias permanentes y el uso de chalecos antibalas durante audiencias y juicios.
Estos episodios motivaron pronunciamientos de distintas entidades judiciales, que advirtieron sobre la reiteración de hechos de violencia dirigidos contra el Poder Judicial y reclamaron mayores recursos para garantizar condiciones de seguridad adecuadas. En algunas jurisdicciones, como respuesta, se dispuso el uso de equipamiento de protección personal para fiscales y se reforzó la custodia en edificios judiciales.
El ataque al juzgado de San Martín continúa bajo investigación con el objetivo de identificar a los responsables y establecer las circunstancias del hecho, mientras el episodio volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en las que se desarrolla la actividad judicial en distintos puntos del país.
