Una intensa controversia surgió en Córdoba tras conocerse el caso de Gabriel Fernández, un hombre condenado que, luego de cambiar su género y adoptar el nombre Gabriela Nahir Fernández, fue trasladada a un pabellón femenino en la cárcel de Bouwer.
Gabriel Fernández había sido condenado por violencia de género. Poco después, se declaró mujer y fue alojado en un pabellón femenino, donde fue acusado de agredir sexualmente a otra interna.
Una intensa controversia surgió en Córdoba tras conocerse el caso de Gabriel Fernández, un hombre condenado que, luego de cambiar su género y adoptar el nombre Gabriela Nahir Fernández, fue trasladada a un pabellón femenino en la cárcel de Bouwer.
Allí, Fernández habría agredido sexualmente a una compañera, que resultó embarazada. Este martes, la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, afirmó que "no existe una denuncia formal" al respecto y señaló que su clienta "no se identifica con el género mujer".
La situación plantea un dilema para el sistema penitenciario. Muñiz explicó que el cambio de género de Fernández se produjo en 2018, mientras cumplía una condena por agresión hacia su expareja.
La defensora subrayó la complejidad del tema: “No le estoy restando importancia ni diciendo que no pasó nada. Este es un debate sobre si las cárceles están o no adecuadas para alojar a personas que se autoperciben con otro género".
La Cámara de Acusación de Córdoba, al elevar la causa a juicio, ordenó el traslado de Fernández a un área sin contacto con hombres ni mujeres, y mantuvo su prisión preventiva.
Los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies remarcaron el riesgo que su presencia representaría para las demás internas, afirmando que, aunque Fernández se autopercibe mujer, habría convertido a sus compañeras en "víctimas de sus necesidades o gustos".
Gabriel Fernández, quien en 2018 adoptó la identidad de género femenina como Gabriela Nahir Fernández mientras cumplía una condena por violencia de género, fue trasladada al pabellón de mujeres en la cárcel de Bouwer, Córdoba. Allí, fue acusada de ejercer violencia y abuso contra otras internas, e incluso de haber dejado embarazada a una compañera.
En 2023, Fernández regresó a prisión tras ser denunciada nuevamente por violencia de género por una pareja en libertad condicional. La Cámara de Acusación de Córdoba ratificó su prisión preventiva y elevó la causa a juicio, advirtiendo sobre los riesgos de su presencia para otras internas y el personal penitenciario. La justicia sostuvo que, en su afán de garantizar los derechos de Fernández, se habían vulnerado los de 481 mujeres detenidas.
El fallo subraya que, paradójicamente, Fernández, quien se autopercibe mujer, habría convertido a sus compañeras en víctimas en un contexto que no parece preparado para casos de excepción como el suyo. Los jueces señalaron que el historial de Fernández incluye delitos relacionados con la violencia de género, antes y después de su cambio de género.