Revelaron escalofriantes datos de cómo murió Diego Albornoz, el femicida que mató a puñaladas a Soledad Andino

Sin embargo, más allá del fatal desenlace de quien perpetró el crimen, el foco permanece —como corresponde— en la historia de violencia sistemática que padeció Soledad, y en cómo las fallas del sistema judicial, una vez más, facilitaron un femicidio que pudo haberse evitado.

Condena simbólica y sin control

Una semana antes del crimen, Diego Albornoz había sido condenado a dos años y medio de prisión condicional por ejercer violencia de género contra Soledad. La pena, sin embargo, no implicaba el cumplimiento efectivo en una cárcel, ni incluía un control riguroso de su comportamiento.

No tenía tobillera electrónica, pese a que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento. En cambio, la Justicia optó por una sanción simbólica: obligarlo a asistir a un curso sobre nuevas masculinidades y perspectiva de género.

Esa fue la única medida adoptada. Soledad, por su parte, continuaba viviendo en el mismo lugar, sin garantías reales de protección. Albornoz, liberado de todo seguimiento estricto, permanecía en su domicilio. Y fue allí donde decidió romper la perimetral y ejecutar el crimen.

El ataque: una emboscada mortal

El 13 de mayo, mientras Soledad Andino dormía en su casa, Albornoz ingresó violentamente al domicilio que había compartido con ella. Aprovechó el estado de indefensión de su expareja y la atacó con un cuchillo de cocina. Le propinó varias puñaladas hasta provocarle la muerte en el acto.

Posteriormente, el femicida se autolesionó con el mismo arma blanca en un intento de suicidio. Aunque sus heridas fueron graves, no logró morir en el momento. Fue hallado en la escena por un vecino que, alertado por los gritos, llamó a la policía.

Albornoz fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permaneció internado durante más de dos semanas, con un cuadro clínico que se fue agravando progresivamente hasta desembocar en la falla multiorgánica que acabó con su vida.

Una historia de violencia previa

La relación entre Soledad y Diego había estado marcada por constantes episodios de violencia de género. Según detallaron familiares y allegados de la joven, las agresiones eran reiteradas, tanto físicas como psicológicas.

Soledad había realizado múltiples denuncias contra su agresor, pero, como en tantos otros casos, las medidas adoptadas por la Justicia fueron insuficientes. La única respuesta fue la imposición de una perimetral y el citado curso para varones violentos. No se le brindó protección efectiva ni a ella ni a su entorno familiar.

Desde hacía tiempo, organizaciones feministas de Entre Ríos venían alertando sobre el riesgo que corría Soledad, quien vivía con miedo constante. Su círculo íntimo relata que en los últimos meses su preocupación había aumentado, y que ya no confiaba en que el sistema pudiera resguardarla.

Críticas a la fiscal del caso

Tras conocerse el femicidio, organizaciones sociales y colectivos feministas de Entre Ríos alzaron su voz para exigir la renuncia de la fiscal Flavia Villanueva, quien llevaba adelante la causa previa de violencia de género contra Albornoz.

Las agrupaciones sostienen que el asesinato fue “un crimen evitable” y apuntan directamente a la fiscal por haber ignorado las denuncias previas y no haber tomado medidas efectivas para proteger a Soledad.

“Una vez más, la fiscal Villanueva dejó pasar múltiples denuncias y permitió que esto pasara. Exigimos su renuncia inmediata por incumplimiento de sus funciones, por su incompetencia y por su connivencia que llevó a Sole a la muerte”, reclamaron desde un comunicado conjunto.

La presión social sobre la actuación del Ministerio Público no se detiene. Para muchas de estas agrupaciones, la inacción judicial es una forma de violencia institucional que termina favoreciendo a los agresores y desprotegiendo a las víctimas.

Una estadística que no se detiene

El caso de Soledad Andino se suma a una alarmante estadística nacional. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, en lo que va del año más de 110 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en Argentina.

Muchas de ellas habían realizado denuncias, habían solicitado ayuda o contaban con medidas judiciales como perimetrales, que no alcanzaron para evitar su muerte.

El sistema judicial, en muchos de estos casos, actúa de forma tardía, ineficaz o simbólica. Las víctimas quedan expuestas, mientras los agresores gozan de impunidad relativa, como ocurrió con Albornoz, quien no tuvo ninguna supervisión pese a tener condena y antecedentes.

¿Qué falló?

La pregunta que sobrevuela cada vez que se conoce un nuevo femicidio es siempre la misma: ¿qué falló? En el caso de Soledad, la respuesta parece estar clara. Falló el sistema judicial, falló la fiscalía, falló la prevención y la protección del Estado.

Falló el seguimiento de un condenado por violencia de género. Fallaron las herramientas de monitoreo. Falló la empatía institucional. Y sobre todo, falló la obligación constitucional de resguardar la vida de una ciudadana que había pedido ayuda.

Soledad Andino no murió por sorpresa. Murió como consecuencia de un sistema que subestima el riesgo que representa un agresor condenado, que trivializa la violencia de género y que no reacciona a tiempo.

Una deuda pendiente

El caso de Soledad vuelve a poner en evidencia la enorme deuda pendiente del sistema judicial y del Estado argentino con las mujeres víctimas de violencia. No alcanza con discursos ni con talleres. No alcanza con simbologías ni con parches.

Se necesita un enfoque integral, interdisciplinario, que actúe desde la prevención, pero también desde la firmeza y la urgencia. Se necesita una Justicia que escuche, que actúe, que reaccione.

Soledad Andino tenía 35 años. Era madre, amiga, trabajadora, hija. Tenía una vida por delante, y una historia que terminó truncada por la violencia de alguien que ya había sido condenado, pero que seguía libre y sin control.