Sin embargo, las ramificaciones del caso no terminan ahí. Los investigadores identificaron a dos nuevos sospechosos, apodados “Paco” y “Nero”, ambos de nacionalidad peruana. Sus nombres surgieron a partir de interceptaciones telefónicas, grabaciones de cámaras de seguridad públicas de la Ciudad de Buenos Aires y conversaciones con otros imputados. La información recolectada permitió vincularlos directamente con las maniobras previas y posteriores al triple homicidio. Según las fuentes judiciales, sus identidades ya están confirmadas y se trabaja en su localización.
Frente a este escenario, el fiscal Marcelo Peláez, a cargo del caso, prepara nuevas indagatorias para la próxima semana. El martes se espera que comparezcan nuevamente los nueve imputados que ya habían sido citados en etapas anteriores. En la primera lectura de cargos, a todos se les había atribuido la coautoría del triple crimen, una acusación que ahora podría ser ajustada a partir de la reconstrucción detallada de cada participación individual.
En este punto, la investigación se ha beneficiado de un minucioso análisis de las antenas de telefonía celular, así como de numerosas filmaciones obtenidas tanto de cámaras públicas como privadas. Estas pruebas permitieron establecer una línea de tiempo precisa de los movimientos de los sospechosos, así como las comunicaciones entre ellos en los días previos y posteriores al crimen. Cada pieza de evidencia fue clave para entender cómo se coordinó el operativo, desde el traslado de las víctimas hasta la ejecución final del plan.
Una vez que el fiscal cuente con todos los elementos, planea solicitar las prisiones preventivas de cada uno de los imputados. Posteriormente, se espera que declare su incompetencia para que la causa pase a la órbita de la Justicia Federal, dado que los hechos están directamente vinculados con el narcotráfico internacional. Esta decisión marcaría un punto de inflexión en el proceso judicial, ya que involucra delitos que exceden el ámbito provincial y requieren cooperación con agencias internacionales.
Este triple crimen, que en un principio fue presentado como un episodio de extrema violencia en el conurbano bonaerense, ha ido revelando una trama mucho más profunda, relacionada con el tráfico transnacional de drogas, venganzas internas entre organizaciones criminales y múltiples niveles de participación. Cada nuevo dato que surge amplía la dimensión del caso y revela el funcionamiento de redes delictivas que operan en distintas jurisdicciones.
Las víctimas, que inicialmente fueron vistas como invitadas a una supuesta fiesta, en realidad fueron utilizadas como señuelos en un contexto de ajuste de cuentas por un cargamento de droga valuado en millones de pesos. Este detalle es central para entender la frialdad y la violencia con la que actuaron los responsables. La planificación incluyó traslados coordinados, manipulación emocional y engaños, con el único objetivo de recuperar la mercancía perdida y castigar a quienes consideraban responsables.
Por otra parte, las conexiones con Perú no son un dato menor. Tanto los prófugos localizados por Interpol como los nuevos sospechosos identificados mantienen vínculos directos con organizaciones narcotraficantes peruanas, que desde hace tiempo operan en territorio argentino. La ruta Bolivia–Argentina–Perú ha sido señalada en numerosas investigaciones como un corredor activo para el tráfico de cocaína, y este caso parece confirmar una vez más la magnitud de esa red.
Además, la diferencia de edades y las relaciones personales entre algunos de los protagonistas también generaron conmoción. Florencia mantenía un vínculo afectivo con Idone Castillo, un hombre con antecedentes por tráfico y varios años mayor, lo que abre interrogantes sobre el grado de manipulación y coerción al que pudo haber estado sometida. Los investigadores no descartan que ella misma haya sido engañada o utilizada por su pareja para operaciones que desconocía en profundidad.
Mientras la causa avanza, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia y se mantienen atentas a cada paso judicial. El entorno social de Florencio Varela aún está impactado por la brutalidad del crimen y por las revelaciones que exponen la cercanía entre el narcotráfico y hechos de violencia extrema. La opinión pública, que inicialmente vio el caso como un episodio más de inseguridad, ahora comprende que se trata de una estructura criminal compleja, con ramificaciones que superan los límites provinciales y nacionales.
La expectativa está puesta en las próximas audiencias y en la posible intervención de la Justicia Federal, que podría acelerar los procesos de cooperación con Perú y otros países implicados. Si se logra la captura y extradición de los prófugos, se abriría la posibilidad de desarticular parte de la red detrás del triple homicidio y de esclarecer cómo se organizó cada fase del crimen.
En paralelo, el caso sirve como recordatorio de la influencia que el narcotráfico ejerce en ciertos sectores del conurbano bonaerense, donde los conflictos por cargamentos, dinero y poder desembocan en hechos de extrema violencia. Lo que comenzó como una investigación local ahora se perfila como una causa emblemática sobre crimen organizado y narcotráfico internacional, dejando en evidencia la necesidad de cooperación judicial transnacional y mayor presencia del Estado en zonas vulnerables.
