“Más allá del análisis de la evidente falta de proporcionalidad en la disposición del uso de la fuerza por las autoridades del Poder Ejecutivo porteño, como también lo reprochable desde el punto de vista del derecho constitucional que resulta que una fuerza de seguridad local ‘custodie’ las inmediaciones de donde reside ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, lo cierto es que reviste suma gravedad el hecho de que personal de la policía porteña cumplía la tarea de filmar y tomar imágenes de los asistentes a una manifestación política”, advirtieron los legisladores.
Esas filmaciones, conjeturaron, tuvieron “el claro propósito de proceder a la individualización” de los manifestantes.
En ese contexto, recordaron la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos que fue suspendido por la Justicia de la Ciudad porque estaba habilitado para buscar a 40 mil personas y obtuvo datos biométricos de unos diez millones.
La denuncia sostiene que los manifestantes “fueron captados por los equipos de vigilancia policiales y registrados en su imagen personal, como así también, en su accionar democrático en el marco de una manifestación política sin incidentes de ninguna característica”.
La denuncia propuso como medidas de prueba “individualizar al personal policial que aparece en las imágenes aportadas con el propósito de que sean citados para que declaren respecto de los hechos denunciados”.
Además, Moreau, Tailhade y Valdés reclamaron “citar al jefe del operativo dispuesto a fin de que exhiba la orden de servicio recibida en relación con los hechos denunciados” y “determinar si el Gobierno de la Ciudad o la Policía de la Ciudad recepcionó o dio curso a alguna directiva u orden del Poder Judicial que justifiquen la presencia de efectivos en la zona en cuestión que procedan a tomar imágenes de los presentes”.
Con información de NA