Varados en el exterior por las restricciones dispuestas por el Gobierno para frenar la variante Delta.
A horas de dar a conocer la posibilidad de flexibilizar levemente el cupo de los 600 pasajeros por día permitidos para ingresar al país, la organización global Amnistía Internacional, le reclamó este jueves al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al acotar el cupo de personas que puede ingresar al país, y consideró que el Gobierno de Alberto Fernández viola los derechos humanos.
En un comunicado emitido este jueves, desde la organización piden una reunión con el jefe de Gabinete y con el ministro de Interior para “dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos”.
El organismo señaló que el objetivo es "conocer las consecuencias" del cupo de 600 pasajeros al día impuesto por el Ejecutivo dos semanas atrás.
"Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional documenta las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades", dice el comunicado.
El comunicado agrega que "el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias", pero cualquier medida de este tipo debe ser "proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo".
En la carta, Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización a nivel nacional, solicitó al Gobierno brindar en el plazo de 15 días una serie de definiciones en relación con el cierre de fronteras dispuesto el 25 de junio, “a efectos de garantizar que las restricciones se ajusten a los estándares internacionales de Derechos Humanos”.
“A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19”, finalizó el comunicado.
El 26 de junio pasado, el Gobierno dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, para prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de la covid-19.
Según la información oficial, al menos 10.000 personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.
