Durante el inicio del juicio oral, los fiscales sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una estructura para apropiarse de fondos públicos y canalizarlos hacia las empresas familiares. También señalaron a Máximo Kirchner como presunto organizador de la asociación ilícita.
Hotesur y Los Sauces: la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner de dirigir un esquema de lavado de dinero.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó con una dura acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían encabezado una organización destinada a obtener fondos públicos de manera ilegal y transferir parte de ese dinero al patrimonio familiar mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias.
Según la acusación, los hechos investigados “habrían sido organizados y desplegados desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional” durante los gobiernos kirchneristas, con la participación de funcionarios y empresarios que habrían cumplido funciones específicas dentro de la estructura.
Los fiscales afirmaron que el objetivo era “sustraer y apropiarse de fondos públicos” y que, posteriormente, se habría diseñado un mecanismo para disimular el origen de ese dinero a través de contratos comerciales, alquileres y operaciones inmobiliarias.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal apunta a la existencia de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016.
Uno de los principales ejes de la exposición fiscal fue la supuesta vinculación entre los beneficios otorgados a determinados empresarios durante los gobiernos kirchneristas y las operaciones comerciales realizadas posteriormente con las sociedades de la familia presidencial.
“La asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas” a los expresidentes y su núcleo familiar, sostuvo la acusación.
De acuerdo con esa reconstrucción, la organización habría tenido una estructura con responsabilidades distribuidas entre funcionarios públicos y empresarios privados.
La Fiscalía señaló que el presunto mecanismo no terminaba con la adjudicación de contratos estatales o el otorgamiento de beneficios económicos. Por el contrario, sostuvo que existía una segunda etapa destinada a transferir y disimular parte de las ganancias obtenidas mediante las maniobras investigadas.
En ese punto, los fiscales mencionaron a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, cuyas empresas mantuvieron relaciones comerciales con sociedades vinculadas a los Kirchner.
Según la acusación, esas operaciones habrían permitido canalizar fondos hacia el patrimonio familiar mediante préstamos, compraventa de inmuebles, alquileres de hoteles, mejoras en establecimientos y contratos inmobiliarios.
La acusación reservó un apartado central para describir la presunta participación de Cristina Kirchner. Los fiscales sostuvieron que la expresidenta “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema de “reciclaje de fondos de origen ilícito”, que habría utilizado las actividades comerciales de las empresas familiares para recibir dinero procedente de empresarios beneficiados por el Estado.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, Néstor y Cristina Kirchner “adquirieron propiedades y las pusieron a disposición de la maniobra para recibir dinero ilícito” proveniente de empresas de Báez y del Grupo Indalo.
La investigación se concentra en determinar si los contratos celebrados con esas compañías respondían a operaciones comerciales genuinas o si, como sostiene la Fiscalía, fueron utilizados para justificar transferencias de fondos cuyo origen sería ilegal.
La Fiscalía también apuntó contra Máximo Kirchner, a quien le atribuyó un papel de organizador dentro de la supuesta asociación ilícita. El hijo de los expresidentes integró la estructura societaria familiar y fue designado presidente del directorio de Los Sauces S.A., una empresa inmobiliaria constituida junto con sus padres.
Según la acusación, la sociedad adquirió distintas propiedades que posteriormente fueron utilizadas en operaciones comerciales con empresas vinculadas a los empresarios investigados.
Entre esos inmuebles se encuentra el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.
La Fiscalía sostiene que las operaciones de Los Sauces deben analizarse en conjunto con las realizadas a través de Hotesur, debido a que ambas sociedades habrían formado parte de un mismo circuito de administración y transferencia de fondos.
La participación de Máximo Kirchner y su eventual responsabilidad penal serán algunos de los puntos que deberá resolver el tribunal durante el debate oral.
La acusación describe un mecanismo que, según los investigadores, habría combinado el otorgamiento de beneficios estatales a empresarios con la posterior contratación de servicios y propiedades pertenecientes a la familia Kirchner.
En el caso de Hotesur, el foco está puesto en la explotación y el alquiler de establecimientos hoteleros vinculados al patrimonio familiar.
En Los Sauces, en cambio, la investigación se concentra en las operaciones inmobiliarias, particularmente en los contratos de alquiler celebrados con empresas de los empresarios investigados.
Para la Fiscalía, esas actividades habrían permitido justificar ingresos y disimular la procedencia de fondos obtenidos mediante las presuntas maniobras ilícitas.
Cristina Kirchner ya cumple una condena en la causa Vialidad, pero Hotesur y Los Sauces constituye un proceso judicial diferente, en el que las responsabilidades deberán ser establecidas de manera independiente.
El juicio comienza así con una acusación que coloca en el centro de la investigación la relación entre el poder político, los empresarios beneficiados por contrataciones estatales y las sociedades comerciales de la familia Kirchner.
La audiencia inaugural se realiza en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py y tendrá una modalidad mixta, con la posibilidad de que algunos imputados participen de manera remota. La decisión de habilitar esa alternativa fue respaldada por los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que la magistrada Adriana Palliotti votó en contra.
El tribunal estableció que las audiencias se desarrollarán tres veces por semana, los lunes, viernes y sábados. Para sostener la continuidad del debate, también reservó la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 y dejó abierta la posibilidad de utilizar la segunda semana si fuera necesario.
