La Libertad Avanza cuenta con una base de 94 votos propios, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota en caso de empate o cuando se requieren mayorías especiales. A ese número se sumarían 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, alrededor de 21 de Fuerzas del Cambio y entre 2 y 4 legisladores de Provincias Unidas.
La reforma fue impulsada por el Gobierno a pedido de gobernadores aliados, que buscan acelerar proyectos mineros en provincias del norte y de la región de Cuyo bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado en la Ley Bases aprobada en 2024.
Entre los mandatarios que promueven el proyecto aparecen Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, en una avanzada que tiene como telón de fondo el desarrollo de nuevas inversiones mineras, especialmente vinculadas al litio, el cobre y otros recursos estratégicos.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la modificación de los criterios de protección ambiental, ya que habilita actividades económicas en zonas que hasta ahora estaban estrictamente preservadas, en particular dentro del ambiente periglacial.
Además, la iniciativa propone transferir mayor poder de decisión a las provincias para definir qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden quedar habilitadas para otros usos, reduciendo así la intervención del Estado nacional en la delimitación de esos territorios.