Reforma judicial: la estrategia de la oposición para frenar el proyecto en el Congreso

“No aparece el dictamen de la reforma judicial. Dijeron que iban a seguir haciendo cambios porque están negociando con los gobernadores por los votos de los diputados. Todavía no tenemos el dictamen”, dijo ayer a A24.com Esteban Bullrich. Se refería a los gobernadores que controlan diputados díscolos luego de la masiva marcha del Banderazo del 17-A. Lo mismo señaló Laura Rodríguez Machado, que hizo un reclamo por nota a Sacnun.

Precisamente, la aprobación del dictamen anteayer en el Senado disparó otra convocatoria callejera en contra de la reforma judicial. Será el día de la sesión del Senado, miércoles o jueves, según se confirme en estas horas. La postura del Gobierno la resumió el Presidente anteayer: “No nos vamos a dejar doblegar por los que gritan, que no tienen razón”. Las marchas no moderarán a Alberto. Según pudo saber A24.com, fuentes oficiales de la Casa Rosada aseguran que no puede retroceder en su proyecto, inspirado por Cristina Kirchner. Forma parte del contrato por el cual fue designado Presidente.

“Muchos presumimos que va a chocar. Lo único que se nos ocurre es que haga todo lo posible para luego él decirle a Cristina que no puede hacer más con ese tema”, señalan fuentes del círculo más moderado del jefe del Estado. El entorno presidencial descuenta que la única oportunidad es avanzar este año, porque 2021 será un año de elecciones y el Congreso casi no funciona. Además, introducir este conflicto en la campaña sería suicida. Al mismo tiempo, Alberto y Cristina están en una trampa: la radicalización podría costar una derrota en esas elecciones y, como consecuencia, reducir sus diputados y senadores.

La estrategia judicial sufrió ayer otro golpe: el juez federal Daniel Rafecas formalizó públicamente que no aceptará ser Procurador General de la Nación si el Senado cambia la forma de elección del cargo y reemplaza la mayoría especial de dos tercios de los votos por una mayoría simple, la mitad más uno. “Prefiero no ser Procurador antes que perder mi dignidad”, dijo Rafecas en una reunión por zoom con colaboradores.

En este contexto, fue una mala noticia para el Gobierno el alejamiento de algunos diputados que consideraba aliados. Luego de la marcha en todo el país, el Interbloque Federal, que preside Eduardo Bali Bucca y tiene 11 miembros, dijo que no apoyará la ley. Incluso, los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti también comunicaron su negativa.

Por separado, el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside José Luis Ramón, de 8 miembros, sufrió dos deserciones. Los diputados Beatriz Ávila, de Tucumán, y Antonio Carambia, de Santa Cruz, también rechazarían la iniciativa. Son dos legisladores que vienen votando en contra en las últimas leyes, en especial la que favoreció a Cristobal López en la moratoria fiscal.

Por otra parte, los diputados de izquierda, Romina del Plá y Nicolás del Caño, también rechazaron la iniciativa. La única que podría respaldarla es Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. De ese modo, a los 118 diputados del FdT solo le quedan como aliados los 6 del bloque de Ramón y Sapag: 125 en total.

Para conseguir quórum deben lograr que al menos cuatro diputados más acepten iniciar la sesión. Y luego lograr imponer una mayoría simple. En eso está la negociación con los gobernadores. Sin embargo, el cariz que tomó la discusión pública colocaría a los voluntarios para dar el quorum en un lugar de exposición incómoda de cara a sus electorados provinciales.

Es por eso que el Gobierno apuró el acuerdo con todos los gobernadores para postergar por 45 días el pago de las deudas previsionales que tienen con la Anses por 26.000 millones de pesos que se descuentan todos los meses de la coparticipación. Ese es un alivio para las provincias, que no sufrirán más esos descuentos.

Si bien en la Anses aseguraron a A24.com que no existe relación con la votación de la reforma judicial, en política todo está interconectado.

En esos 45 días, los diputados deberán sancionar otra ley que cambiará el régimen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que hoy paga los haberes de los jubilados que les ganaron los juicios al Estado por la reparación histórica. Son unos 10.000 millones de pesos por mes. Ese monto será afrontado por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda.

De ese modo, el FGS podrá volver a prestarle recursos a las provincias para afrontar las jubilaciones. Finalmente, toda la discusión se reduce a las arcas del Estado.

De todos modos, a JxC le queda también otra carta para lograr el rechazo de la reforma judicial en Diputados. El protocolo para las sesiones virtuales caducó hace dos semanas y debería renovarse. El bloque que agrupa al PRO, la UCR y la CC se opuso a la prórroga y exige que solo se traten proyectos que tengan amplio consenso y que sean de emergencia para la pandemia del Covid-19. Otro impedimento para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que fue transmitido a la Casa Rosada.

El amplio banderazo del 17-A envalentonó a la alianza opositora. Ahora, tanto la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el ex presidente Mauricio Macri, y el ala moderada del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, analizan que la gente que se volcó a las calles no es exclusivamente la que votó a Macri en 2019. Se trataría, según esa visión, de un movimiento social republicano y popular que excede a todos los partidos políticos. Todos analizan la manera de capitalizar este emergente.

Es por eso que los duros y los dialoguistas de Juntos por el Cambio ya imaginan la manera de atraer a sectores que hoy no están integrados en ese frente, con miras para las elecciones y para fortalecer la resistencia a las políticas del Gobierno que atenten contra la división de poderes.

Si bien José Luis Espert le dijo a Macri que no quiere una fusión y que irá por su cuenta en 2021, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, convertidos en operadores políticos de Rodríguez Larreta, comenzaron a conversar con Margarita Stolbizer, del GEN, con Juan Manuel Urtubey, peronista no K, con Pablo Javkin, intendente de Rosario, y con Ricardo López Murphy, que está conformando Encuentro Republicano, un conglomerado de partidos de centroderecha como los Libertarios, Recrear, PAN, Demócratas y posiblemente la Ucedé, que también habla con Espert. Hasta ahí el modelo larretista de acumulación.

En el otro lado de la grieta macrista, Miguel Pichetto conformó un grupo de dirigentes peronistas tradicionales con los cuales quiere fundar en al menos 20 provincias el Peronismo Republicano y Federal, que se vería a sí mismo como una de las cabezas de JxC en igualdad de condiciones de PRO, la UCR y la CC.

En esas reuniones por Zoom han participado Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma, Juan Bautista Yofre, Juan Pablo Lohle, Andrés Cisneros, Jorge Yoma, Adrián Menem y otros dirigentes. La aspiración es reclutar también a Carlos Reutemann y a Juan Carlos Romero. Aspiran a succionarle algunos puntos al actual Frente de Todos con peronistas descontentos con Alberto y Cristina. Y a poner a un peronista en la fórmula de 2023 y a varios en las listas de 2021. Entre ambos sectores hay vasos comunicantes. Por ejemplo López Murphy hizo reuniones por Zoom con Mario Negri, Alfredo Cornejo y Miguel Pichetto. La política se está comenzando a reunir.