Pérez, la nueva interventora del PAMI, es abogada y escribana y cuenta con experiencia en la administración pública.
En sus antecedentes figuran hacerse desempeñado como directora de la UGL VIII de PAMI en San Martín, donde estuvo al frente de la gestión territorial del organismo, antes de asumir esta nueva responsabilidad. Por su parte, "la salida de Montero responde a una decisión personal", señalaron en Balcarce 50.
Desde su entorno, señalan que el ahora ex coordinador tiene previsto abocarse durante las próximas semanas a su proyecto para competir en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield.
"Antes de dejar el cargo completó el proceso de transición y quedó a disposición de las nuevas autoridades para colaborar en lo que resulte necesario", dijeron desde el Gobierno.
Junto con Montero, también presentó su renuncia Florencia Zicavo a la sindicatura del PAMI. La decisión, adujeron las fuentes, también fueron "por motivos personales".
"Tanto Zicavo como Montero se despidieron de sus respectivos equipos y manifestaron su disposición a acompañar a las nuevas autoridades", agregaron las fuentes.
Los movimientos forman parte de "una transición coordinada dentro del organismo y no implican un cambio en la orientación de la gestión", aseguran fuentes del sector.
"La llegada de Pérez busca garantizar la continuidad del trabajo y de las políticas públicas que el PAMI viene desarrollando", señalaron en el Gobierno.
Cronología de los cambios en el PAMI
Las renuncias se producen en medio de denuncias de distintos prestadores del PAMI por atrasos en los pagos que ven afectado el funcionamiento de clínicas y farmacias en distintas provincias. En ese sentido, también se habla de una fuerte reducción de personal en sedes que estarían afectando la atención a los jubilados.
Montero había asumido en el cargo a comienzos de agosto en reemplazo del exdirector ejecutivo Esteban Leguizamo, quien había asumido el cargo el 10 de diciembre de 2023, y el subdirector Carlos Zamparolo.
Ambos habían presentado sus renuncias en medio de tensiones internas y de una severa crisis financiera y prestacional, con estimaciones de deuda superiores a los $500.000 millones con clínicas, farmacias y laboratorios.