La interna de la CGT abrió un nuevo capítulo. Las peleas de siempre entre los “Gordos”, la familia Moyano y el sector de Luis Barrionuevo encontró un nuevo canal de conflicto. Se dio en medio de las elecciones del Sindicato del Seguro que actualmente lidera Jorge Sola y que cuyas elecciones habían sido impugnadas en la Justicia.
El escándalo
La CGT denuncia “operaciones políticas y judiciales” para intentar intervenir en las elecciones del Sindicato del Seguro
Las elecciones deberían convocarse inminentemente de acuerdo a un reciente fallo judicial, pero el principal opositor a Sola, Miguel Méndez, presentó un pedido para que el sindicato sea intervenido judicialmente. Esto no cayó bien en la cúpula de la CGT que emitió un duro comunicado: “La Confederación General del Trabajo repudia enfáticamente a quienes –de manera irresponsable y antidemocrática- promueven por distintas vías la desestabilización de las organizaciones sindicales”, advirtieron en un comunicado firmado por el Consejo Directivo de la central.
“No toleraremos en nuestras filas ni en ningún ámbito de representación la intervención de personajes con inconfesables intereses que a contramano del bien colectivo alteren o intenten violar la libre voluntad de los trabajadores para elegir sus autoridades”, prosiguieron.
Fuentes de la CGT ven la mano negra de Luis Barrionuevo en la maniobra judicial e incluso señalan ciertas similitudes con lo que fue la intervención del PJ en 2018.
El “plan interventor” –como lo denominaron en Azopardo- incluiría:
- A Enrique Rodríguez (exministro de Trabajo de Carlos Menem) que es abogado del sector opositor a Sola
- Luis Barrionuevo que estaría impulsando a Jorge Gramajo, otro dirigente del sector
- Una pata empresarial que estaría comandada por Julio Comparada, ex presidente del Club Independiente y titular de una empresa de seguros.
- Los denunciantes de esta estrategia judicial advierten que también está vinculado Enrique “Coti” Nosiglia, haciendo de nexo político con distintos sectores.
Las elecciones del sindicato se habían realizado el 3 de julio de 2019 y participaron más de 10.000 afiliados. Pero en agosto la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la Resolución Ministerial que habilitaba ese acto eleccionario.
Finalmente los representantes electos asumieron en mayo, pero la Justicia dictaminó que a partir del fallo debía retrotraerse la ocupación de cargos a la que existía a mayo de 2019 hasta el 30 de septiembre 2020 prorrogables por 180 días. Las nuevas elecciones deberían en 90 días.
“No permitiremos que nefastos operadores que actúan en las sombras, ajenos a la actividad y que solo buscan sacar tajada para sus oscuras apetencias sigan llevando adelante estas acciones deleznables”, advierte el comunicado de la CGT.
El gremio evalúa hacer una movilización al juzgado laboral para frenar cualquier tipo de avance. “Excede largamente una disputa gremial”, se quejan fuentes de la CGT que observan una maniobra política y empresaria detrás de estas maniobras judiciales.
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