La movilización partió de Plaza Houssay y terminó frente al Palacio de Tribunales, donde se realizó una clase pública de Derecho Constitucional. Participaron docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades de la universidad, en medio del conflicto con el Gobierno por los recursos para las instituciones públicas.
La UBA realizó una marcha de velas para exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. (Foto: UBA)
Docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este miércoles una marcha de velas desde Plaza Houssay hasta el Palacio de Tribunales para reclamar al Gobierno nacional que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario. La movilización reunió a representantes de los distintos claustros, autoridades académicas y organizaciones gremiales y estudiantiles.
La convocatoria fue impulsada por la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), la Asociación del Personal de la UBA (Apuba) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). También participaron integrantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y representantes de distintos centros de estudiantes.
La protesta se desarrolló bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad” y tuvo como objetivo visibilizar el reclamo por la aplicación de una ley que, según los organizadores, el Poder Ejecutivo mantiene sin cumplir pese a los pronunciamientos legislativos y judiciales que respaldaron su vigencia.
Al llegar al Palacio de Justicia, los manifestantes participaron de una clase pública de Derecho Constitucional. La actividad estuvo a cargo del profesor Christian Cao y del abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli. Como cierre de la jornada, los asistentes entonaron el Himno Nacional y dejaron sus velas encendidas frente al edificio de Tribunales.
La movilización se produjo en medio del enfrentamiento entre las universidades nacionales y el Gobierno por el presupuesto destinado al funcionamiento de las instituciones, los salarios de docentes y nodocentes y las becas estudiantiles.
La ley de Financiamiento Universitario fue sancionada en agosto de 2025, pero el presidente Javier Milei la vetó. Luego, el Congreso insistió con su aprobación al reunir los dos tercios necesarios en ambas cámaras.
El Poder Ejecutivo finalmente promulgó la norma, aunque condicionó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.
El conflicto también llegó a los tribunales. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el artículo del decreto 759/2025 que había habilitado la suspensión de la ejecución de la ley y ordenó al Gobierno cumplirla de manera inmediata. La administración nacional apeló esa resolución.
La discusión por los recursos universitarios también se proyecta sobre el tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso. La propuesta del Gobierno contempla transferencias por $7,7 billones para las universidades, mientras que las instituciones reclaman una asignación de $11 billones.
Desde el Ejecutivo sostienen que cualquier incremento del gasto debe ser compatible con el equilibrio fiscal. Las autoridades universitarias, en tanto, buscan reunir apoyos entre los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores partidas.
En ese escenario, referentes de las universidades advierten sobre el deterioro de las condiciones salariales y materiales y la creciente tensión dentro de las instituciones. También alertan sobre la posibilidad de que se profundicen las medidas de protesta si no se alcanza una respuesta al reclamo presupuestario.
