El fallo del juez Jorge Gorini dispuso que Cristina Kirchner deberá usar una tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111.
Las tobilleras electrónicas se convirtieron en una herramienta cada vez más utilizada en el sistema penal argentino para controlar a las personas que, por distintos motivos, deben cumplir prisión en su domicilio. Estos dispositivos de geolocalización permiten monitorear a distancia, en tiempo real, la ubicación del condenado o procesado, y verificar si cumple con las restricciones impuestas por la Justicia.
La tobillera es un dispositivo que se coloca en el tobillo del portador. Está compuesta por una carcasa plástica, un cierre de seguridad inviolable y tecnología GPS integrada. En algunos casos, también se complementa con una consola instalada en el domicilio que emite alertas en caso de corte de energía o pérdida de señal.
El objetivo es claro: evitar que la persona abandone el domicilio sin autorización. Para eso, la tobillera está programada para detectar cualquier desplazamiento fuera del perímetro autorizado. Si eso ocurre, automáticamente se dispara una alarma que llega a la central de monitoreo.
Además, el sistema registra en tiempo real información como la ubicación del portador, los niveles de batería, y cualquier intento de manipulación del dispositivo. Estos datos son evaluados por operadores especializados las 24 horas, quienes deben actuar en caso de irregularidades.
El control de las tobilleras electrónicas en Argentina está a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este ente se encarga de la instalación, seguimiento y mantenimiento de los dispositivos, en coordinación con los tribunales que dictan las medidas.
Cada caso es monitoreado individualmente. Por ejemplo, en la causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia ordenó expresamente la colocación de una tobillera electrónica y encomendó su control a dicho organismo, con informes trimestrales a presentar ante el Tribunal Oral Federal 2.
Cuando una persona abandona su domicilio sin autorización judicial, intenta quitarse la tobillera o genera interferencias en la señal, el sistema reacciona de forma automática. Se activa un protocolo de seguridad que puede incluir llamadas de advertencia, intervención de la policía y eventual revocación del beneficio de la prisión domiciliaria.
La Justicia tiene la potestad de ordenar el traslado del condenado a una unidad penitenciaria si detecta incumplimientos reiterados o intencionales. En algunos casos, también puede ampliar las condiciones de la vigilancia o restringir aún más el acceso a visitas.
El Código Penal argentino contempla el uso de prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años, personas enfermas o con movilidad reducida, mujeres embarazadas o con hijos menores a su cargo, entre otros casos humanitarios. La tobillera permite que estas personas cumplan la pena fuera de una cárcel, pero bajo un control estricto.
No obstante, también se ha extendido su uso en medidas cautelares (prisión preventiva) y en casos de delitos menores donde se busca evitar el hacinamiento carcelario.
En Argentina, actualmente hay más de 4.000 personas bajo vigilancia electrónica, según datos del Ministerio de Seguridad. El sistema se encuentra en expansión y representa un modelo de control cada vez más utilizado por los jueces, especialmente en los tribunales federales.
