El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei apunta a la desregulación de la economía a partir de la modificación y derogación de leyes (Foto: archivo).
El DNU 70/2023 entró en vigencia sin freno judicial, a pesar de las decenas de recursos presentados en su contra. El gobierno gana tiempo para intentar plantar las raíces de su gestión con acuerdos políticos, con un mes por delante a su favor, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que hasta febrero no revisará el tema.
En Casa Rosada consideran que tarde o temprano el más Alto Tribunal será el encargado de determinar el futuro de unas treinta demandas presentadas por los sectores que cuestionan la forma y/o el fondo de las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. Pero esos plazos comenzarán a correr desde el 1° de febero.
Lo saben porque horas antes de iniciar el receso de verano en la justicia, las provincias de Córdoba, Santa Cruz, San Luis y La Rioja pidieron que se declare la inconstitucionalidad del mega Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga más de 300 regulaciones.
La Corte remitió la documentación a la Procuración General para que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, aunque hizo saber que “estudiará las cuestiones sometidas a decisión, luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”.
Además de las denuncias directas ante la Corte Suprema, la resistencia a las medidas de Milei tuvieron repercusiones en el fuero contencioso administrativo, en el laboral, y en el civil y comercial. Los expedientes apuntan contra la presunta inconstitucionalidad del mega DNU; o van directamente contra algunas de las reformas que propone el gobierno.
Hasta el domingo pasado, en el fuero contencioso administrativo se habían registrado tres denuncias. Pero tal como anticipó A24.com, después del fin semana de Navidad se multiplicaron las presentaciones reclamando el bloqueo de las derogaciones y modificaciones de normas que diseñó la nueva administración.
La primera de las demandas fue promovida por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el objeto de que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable” de la medida.
Por sorteo recayó en manos del juez Esteban Furnari, quien ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos para concentrar -en una sola- todas las causas relacionadas con los habitantes afectados por el DNU 70/2023. Este viernes, el Observatorio del Derecho solicitó que se habilite la feria pero el magistrado se lo negó.
Otros recursos fueron accionados por el Doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez; la firma Bingo del Oeste S. A.; el expresidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Jorge Rizzo; el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-; la Federación Argentina de Municipios -FAM- que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; entre otros.
Lo cierto es que todavía hay denuncias presentadas ante el fuero contencioso administrativo que tramitan en otros juzgados. Si hubiera un fallo contrapuesto, podría derivar en una apelación o directamente en un pedido de per saltum para intentar saltar otras instancias, y que intervenga directamente la Corte. De todos modos, para que estos trámites se desarrollen antes de febrero, el magistrado a cargo debería habilitar la feria.
En tanto, la CGT presentó su caso en la justicia laboral, donde el juez José Ignacio Ramonet rechazó el amparo contra el DNU porque no estaba vigente en el momento en que tramitaron el recurso, aunque se dispuso a revisar la cuestión de fondo.
Por su parte, a pedido del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el juez Furnari le reclamó a Ramonet la causa iniciada por la Central Obrera, pero el magistrado de la justicia del trabajo defendió su competencia y se negó a soltar el caso. Esta discusión abre un incidente que para ser resuelto, tambien necesitará la habilitación de la feria judicial.
La CTA hizo una presentación ante la jueza laboral Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien se declaró competente, y pidió información en el Registro Público de Procesos Colectivos, lo que obligaría a que el expediente quede unido en la acción colectiva que tramita en el tribunal de Furnari.
A todo esto, el juez Nacional Civil y Comercial 3, Juan Stinco, aceptó tramitar un amparo colectivo contra el mega DNU, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos que liberan la fijación del precio de las empresas de medicina de Salud.
Por su lado, La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), junto con la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires solicitaron reponer la vigencia del régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica (Ley 17.565) que fue modificado por decreto, porque entienden que pone en riesgo a la población.
En definitiva, cualquiera de las acciones planteadas por quienes cuestionan el mega DNU necesitará sí o sí la habilitación de la feria para tramitar durante el receso de verano, y aunque eso sucediera, para que un fallo quede firme deberá obtener el respaldo de los jueces de la Corte, que recién revisarán a partir del primero de febrero.
Los plazos resultan una ventaja para la búsqueda de acuerdos políticos por parte del gobierno. De hecho, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi, destacó que las cuestiones incluidas en el Decreto 70/2023 están en el debate de Extraordinarias en el Congreso.
El super proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso dispone el traspaso de los juzgados nacionales de la Capital Federal a la órbita de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo máximo de tres años.
A pesar de que se trata de una reforma dispuesta por la Constitución aprobada en 1994, desde siempre fue rechazada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
A su vez, el gobierno busca restituir a la Oficina Anticorrupción la posibilidad de constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado. Recordemos que durante la gestión de Alberto Fernández, la OA había desistido de ese rol.
En cuanto a la conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ), postula una terna integrada por un representante del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y dos del Colegio Público de Abogados.
La iniciativa oficialista propone el juicio por jurados a nivel nacional, y que los jueces vistan una toga negra y usen un martillo, para abrir y cerrar las audiencias. Hasta el momento, los únicos distritos donde se implementa el juicio por jurados son Córdoba y la provincia de Buenos Aires.
Otras propuestas que afectarán el sistema de justicia serán enviadas al Congreso por separado a la Ley Ómnibus en las próximas semanas. Para ello, en el gobierno están trabajando en la baja de la edad de inimputabilidad de 16 a 14 años para algunos delitos, la reforma del Código Penal, la implementación del sistema Acusatorio, y de los juicios cortos o exprés.
