La Corte Suprema tratará la constitucionalidad del DNU. (Foto: archivo)
Despùes de varios pedidos de amparo que recibió el DNU firmado por el presidente Javier Milei, finalmente la Corte Suprema de Justicia aceptó este viernes analizar, aunque después de la feria judicial, un pedido del Gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional, eventualmente, el mega Decreto de Necesidad y Urgencia.
La solicitud de Ricardo Quintela llegó al máximo tribunal que recibió en su oficina de juicios originarios para que haya una declaración sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023 presentado por Milei el pasado 20 de diciembre.
En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que "estudiará" el planteo luego del receso de enero. Pero mientras tanto, el expediente pasa a manos del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, que deberá dictaminar.
Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el tribunal puede adoptar un criterio distinto.
Junto con la acción declarativa también el Gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual la Corte tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU, más allá de que se declare inconstitucional.
Mientras tanto, con la feria judicial ya encima pues empezó pasado el mediodía de este viernes y recién se retoman funciones en febrero: es que hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.
Este viernes, Quintela pidió a la Corte Suprema una acción declarativa de certeza en torno a la constitucionalidad del DNU 70/2023 firmado por Milei y que generó en los últimos días la presentación de amparos judiciales en busca de frenar su puesta en vigencia.
Quintela dijo que también se pidió una medida cautelar que suspenda los efectos del DNU y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de las disposiciones de la norma hasta la resolución definitiva de la causa.
Se trata del primer pedido de intervención a la Corte que se hace por el mega decreto de Milei más allá de los varios amparos que se tramitan ante la Justicia, sobre todo en el fuero Contencioso Administrativo Federal. La Corte aceptó evaluar el asunto, a partir de febrero del año que viene.
