La jueza Marta Elba Pascual tomó la decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Su medida no pasó desapercibida. En pocas horas, se presentó una denuncia penal contra ella.
La doctora Marta Elba Pascual argumentó que por falta de la infraestructura adecuada no están dadas las condiciones para su correcta implementación. Pero su medida despertó rechazo y tuvo una rápida contrapartida, que llegó hasta la Justicia.

La jueza Marta Pascual suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil y fue denunciada. (Foto: Gentileza Tiempo Sur)
La jueza Marta Elba Pascual tomó la decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Su medida no pasó desapercibida. En pocas horas, se presentó una denuncia penal contra ella.
Una ONG presentó una causa contra ella por esa acción. La presentación fue realizada por Usina de Justicia, la organización creada por Diana Cohen Agrest, que denunció a la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La entidad cuestionó la decisión judicial que frenó temporalmente la aplicación de la normativa.
La jueza había intervenido a partir de un habeas corpus colectivo y dispuso suspender por 60 días la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense. La medida generó fuertes críticas debido a que la ley busca establecer un nuevo marco de responsabilidad penal para adolescentes que cometen delitos.
Desde Usina de Justicia sostienen que Pascual habría avanzado sobre atribuciones que no le corresponden y cuestionaron que una resolución judicial pueda impedir la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
Además de la denuncia penal, la ONG pidió ser tenida como parte en el expediente del habeas corpus y reclamó que durante el proceso se contemple especialmente la perspectiva de las víctimas de delitos.
La presentación agrega un nuevo capítulo a una disputa que enfrenta a sectores que reclaman una aplicación inmediata del régimen y organizaciones que cuestionan distintos aspectos de su implementación. Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde investigar a la magistrada por los delitos denunciados y si su decisión de suspender la norma se ajustó a sus facultades.
Pascual había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y ordenó frenar temporalmente la aplicación de la normativa. Pero la respuesta llegó inmediatamente. El fiscal Andrés Zárate, de San Isidro, cuestionó la resolución judicial Marta Pascual, consideró que carece de alcance general y afirmó que seguirá actuando bajo la legislación que entró en vigencia el sábado último. Además, ahora debe enfrentar una denuncia penal en su contra.
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