El escándalo de los comedores sociales: investigarán al gobierno por incumplimiento de deberes

Mientras tanto, Juan Grabois pidió la aplicación de astreintes contra Sandra Pettovello por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Los astreintes conforman un mecanismo legal del derecho civil y administrativo para fijar una multa a quien desacate una resolución judicial. En su presentación, solicitó que “se impongan astreintes diarias de $300.000 en cabeza de la Sra. Ministra de Capital Humano”.

El juez Casanello había librado una orden para que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informase el detalle de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli (Vicente López) y Tafí Viejo (Tucumán). Además había encomendado que el Ministerio de Capital Humano elaborase un plan de distribución de dichos alimentos, lo que debía informarse con precisión en el plazo de 72 horas que vencieron el viernes pasado.

El gobierno nacional presentó solamente el listado sobre la mercadería de los depósitos donde consignó el total de alimentos (4.444.820 en Villa Martelli, y 3.627.815 en Tafí Viejo), algunos de ellos próximos a vencer. Al detectar las irregularidades, Capital Humano limitó las competencias de los responsables que no realizaron el control permanente de stock. Finalmente, y sin avisar a la Justicia, dispuso un operativo urgente a cargo del Ejército, para que entregue los productos a las personas vulnerables.

Capital Humano le dió intervención a la Oficina Anticorrupción

El escándalo que terminó con la salida de Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, derivó en una investigación administrativa interna sobre un convenio que Capital Humano firmó con la Organización de Estado Iberoamericana (OEI).

Según el testimonio de un empleado existirían presuntas irregularidades en las contrataciones de personal para la Secretaría, que estaban fichados a través del acuerdo con la OEI. La sospecha es que el dinero de esos sueldos se desviaba para la política.

La denuncia interna la firmó Federico Fernández, quien se desempeñaba en la dirección general de Niñez y Familia, y estaba siendo investigado por 18 contratos irregulares, aunque podrían haber otros 70 con las mismas características. El Ministerio presentó sus informes ante la OA para que se determine si existió delito.

Asimismo, la Organización de Estados Iberoamericanos confirmó que tiene convenios con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Niñez para la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad.

Belliboni imputado e inhibido

Por la causa que investiga la presunta extorsión a piqueteros, el juez federal Sebastián Casanello llamó a declarar en indagatoria a más de 20 personas vinculadas a las asociaciones de Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en lucha (FOL) y el Polo Obrero, donde se detectaron irregulares en la administración de los Planes Potenciar Trabajo y la distribución de alimentos otorgados por el Estado Nacional.

La ronda de indagatorias arrancará la semana que viene y terminará el 25 de junio cuando sea el turno de Eduardo Belliboni. El referente del Polo Obrero estaría complicado por las condiciones del convenio que firmó con el Estado, y por las conversaciones que surgen de las escuchas telefónicas con los responsables de los comedores sociales.

Según pudo averiguar A24.com, Casanello abrió una instrucción suplementaria para estudiar la situación patrimonial de las personas investigadas. En esta tarea obtuvo elementos probatorios que le permitieron sospechar que diversos dirigentes de la “Asociación Polo Obrero” y “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos.

Los investigadores lograron comprobar que se empleó facturación apócrifa y se simularon gastos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos.

A esta maniobra se habría sumado la exigencia a los beneficiarios de comedores comunitarios de concurrir a movilizaciones político-partidarias con banderas del Polo Obrero, y aportar dinero a la organización. El mismo accionar fue corroborado en el caso de o la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.