El fotógrafo, gravemente herido durante una movilización en el Congreso, presentó un cuadro de hidrocefalia que obliga a una nueva intervención quirúrgica.
Pablo Gruillo deberá ser intervenido nuevamente por un cuadro de hidrocefalia. (Foto: archivo).
El fotógrafo Pablo Grillo deberá ser operado nuevamente por un cuadro de hidrocefalia detectado, informaron sus familiares a través de sus redes sociales. El joven, herido por una cápsula de gas en la cabeza durante la marcha de jubilados al Congreso, volvió a terapia intensiva.
La familia confirmó la noticia por redes sociales, donde indicaron que Grillo "deberá ser intervenido a la brevedad" luego del descubrimiento de la hidrocefalia por parte de los médicos que lo operaron a raíz de presentar pérdida de líquido cefalorraquídeo.
Pablo había reaparecido en público el 7 de mayo, luego de pasar 55 días internado. Salió a uno de los balcones del hospital acompañado por su padre y personal médico. Dos días después, su familia compartió un mensaje en el que él anunciaba con alegría que el martes 13 de mayo le darían el alta. En el video se lo escuchaba tocar en armónica "Cuando estés acá", de Los Piojos.
Sin embargo, el sábado siguiente presentó una pérdida de líquido cefalorraquídeo y los médicos decidieron mantenerlo internado por precaución. Fue intervenido nuevamente el 15 de mayo: los médicos lograron identificar el origen de la fuga y tratarla, lo que permitió luego detectar la hidrocefalia.
Grillo permanece internado desde el 1 de marzo, cuando recibió en la cabeza el impacto de una cápsula de gas disparada por las fuerzas de seguridad durante la habitual marcha de jubilados de los miércoles. El golpe lo dejó inconsciente y le provocó pérdida de masa encefálica.
Las pruebas que tiene la justicia no dejan dudas de que el autor del disparo del cartucho de gas lacrimógeno que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo durante la Marcha de los Jubilados en el Congreso es el cabo de gendarmería Héctor Jesús Guerrero. Además, la propia fuerza reconoció que el arma fue utilizada sin cumplir con los protocolos de seguridad.
Fuentes ligadas a la causa le explicaron a A24.com que con la identificación del presunto responsable están dadas las condiciones para avanzar con el proceso penal. Están esperando el informe sobre la salud de Grillo que fue encargado al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema para analizar la calificación del delito, y luego, llamar a indagatoria.
Los informes que presentó Gendarmería Nacional revelaron que el día de los hechos, tenían habilitada la portación de la pistola lanzagases dos efectivos, ambos de apellido Guerrero, un hombre y una mujer. Lo que terminó de resolver el enigma fueron las filmaciones del ataque que demostraron que quien lanzó el gas era un masculino, lo que derivó en el reconocimiento de Héctor Guerrero.
A todo esto, el Legajo del cabo Guerrero contiene dos certificados de aprobación de cursos sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por lo tanto, quedó comprobado que estaba en conocimiento de que “1) no puede justificar el uso de la fuerza en una orden de un superior; 2) un arma de fuego solo puede usarse cuando haya riesgo para la vida; y 3) que los funcionarios deben cumplir las leyes”.
En cuanto al uso de pistolas lanzagases, Gendarmería presentó un protocolo que en sus consideraciones generales expresa que "jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte”.
La documentación agrega que “resulta conveniente tener presente que los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza y al propio tiempo obtener un desplazamiento adecuado del cartucho”.
El caso lo tiene el juzgado de Maria Servini, quien aceptó como querellante a la familia de Pablo, con la representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
La abogada coordinadora de litigio del CELS, Agustina Lloret, detalló que van por la acusación de tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También se pidió que se averigüe la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian.
Hay un sumario en paralelo que revisa el operativo antipiquetes que terminó con represión, y otro abierto por la agresión que sufrió la jubilada Beatriz Blanco, la mujer de 81 años golpeada en la cabeza por un Policía Federal en la misma protesta.
En cuanto a la pesquisa, la realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), porque fue la única fuerza que no tuvo denuncias por abuso de autoridad ni represión en el Congreso.
