El Gobierno confirmó este viernes que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido por el presidente Javier Milei entrará en vigencia el próximo 29 de diciembre.
El vocero Manuel Adorni encabezó una nueva conferencia ante los medios (Foto: captura YouTube Casa Rosada).
El Gobierno confirmó este viernes que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido por el presidente Javier Milei entrará en vigencia el próximo 29 de diciembre.
"Más allá de las especulaciones que se hicieron, el DNU entra en vigencia a partir del octavo día de su publicación (en el Boletín Oficial)", indicó el portavoz presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa ante los medios.
Consultado por los amparos presentados en la Justicia para dejar sin efecto la iniciativa, el funcionario respondió: "Cada uno de los puntos se enmarcan dentro la necesidad y la urgencia. Entendemos desde nuestra visión jurídica que efectivamente cumplimos con la ley, estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo en lo que respecta al DNU, en materia de la desregulación económica".
Acerca de la movilización prevista de la CGT, para la próxima semana, en rechazo al decreto del oficialismo, Adorni garantizó que "los canales de diálogo están abiertos permanentemente". No obstante, el vocero aseguró aún no recibieron ningún acercamiento formal.
En otro tramo de sus declaraciones, Adorni, reveló que el Ministerio de Seguridad publicará un informe detallado del operativo del 20 de diciembre e hizo énfasis en que las organizaciones convocantes deberán costear la totalidad del gasto del operativo .
“Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”, expresó-
Luego mencionó a 14 organizaciones a las que les hará llega “la factura” del operativo:
En la misma línea, develó que la línea 134, canal que recopila denuncias anónimas contra dirigentes y punteros políticos que funcionan como intermediarios en la distribución de beneficios sociales, acumuló un total de 16.150 llamadas, de las cuales 1200 se encuadran bajo el delito de extorsión y defraudación del Estado.
La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
