El Ministerio de Seguridad presentó un escrito ante la Justicia por los enfrentamientos frente al Congreso. La acusación incluye atentado y resistencia a la autoridad y daño agravado.
El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes. (Foto: Reuters).
El Gobierno nacional denunció penalmente a los manifestantes involucrados en los incidentes registrados este jueves durante la marcha universitaria frente al Congreso. La presentación, impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, apunta contra los responsables de los enfrentamientos con las fuerzas federales y contempla posibles delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado.
En la presentación judicial se plantea la hipótesis de que los disturbios tuvieron como objetivo interferir en el funcionamiento del Congreso, que se encontraba sesionando durante la protesta. Los enfrentamientos dejaron ocho efectivos de las fuerzas de seguridad heridos, y según informaron en A24, Gendarmería arrestó a alrededor de 31 personas.
El escrito judicial, firmado por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, sostiene que algunos de los manifestantes actuaron deliberadamente con sus rostros cubiertos para evitar ser identificados.
Según la presentación, los involucrados “con los rostros cubiertos a fin de no ser identificados, dañaron el erario público” y utilizaron elementos contundentes para atacar tanto la infraestructura de la zona como a los efectivos que participaban del operativo. Los funcionarios denunciaron que los manifestantes arrojaron “objetos contundentes y peligrosos” contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales, provocando lesiones durante distintos momentos de la jornada.
La presentación describe una sucesión de agresiones y caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de los ataques, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo de seguridad establecido por el Ministerio. A partir de estos hechos, el Gobierno solicitó la apertura de una investigación federal para determinar las responsabilidades individuales y avanzar con las posibles imputaciones.
Para avanzar con la investigación, el Gobierno solicitó incorporar grabaciones de los incidentes, registros de cámaras públicas y privadas, informes de los operativos y documentación médica de los efectivos heridos.
El objetivo es reconstruir cómo se desarrollaron los enfrentamientos, identificar a quienes arrojaron objetos contra los uniformados y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados.
Uno de los aspectos más relevantes de la denuncia está relacionado con el momento en que se produjeron los incidentes. El Ministerio de Seguridad sostuvo que los enfrentamientos ocurrieron mientras el Congreso se encontraba sesionando, una circunstancia que, según la interpretación oficial, podría demostrar que los disturbios perseguían un objetivo más amplio que las agresiones contra las fuerzas de seguridad.
En ese sentido, la presentación plantea que los hechos habrían buscado “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para ese jueves. La denuncia considera que esta situación debe ser investigada como un posible atentado contra el orden constitucional.
La existencia de ese delito y la eventual responsabilidad de los acusados deberán ser determinadas por la Justicia, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.
Los incidentes dejaron un saldo de ocho integrantes de las fuerzas federales lesionados, según el relevamiento oficial. Del total de efectivos heridos, cuatro pertenecen a la Gendarmería Nacional Argentina, dos a la Prefectura Naval Argentina y otros dos a la Policía Federal Argentina.
Los agentes recibieron impactos de piedras y otros elementos contundentes durante los enfrentamientos protagonizados por grupos que se desprendieron de la movilización principal.
En cuanto a las detenciones, los primeros reportes dieron cuenta de al menos 25 personas arrestadas. Posteriormente, se informó que seis personas habían sido detenidas por la Policía de la Ciudad y alrededor de 31 por Gendarmería.
Entre los procedimientos realizados durante la jornada, se destacó la aprehensión de un adolescente de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre. Según la información policial, el menor fue sorprendido cuando arrojaba piedras contra un móvil de la fuerza porteña.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó preliminarmente que los destrozos alcanzaron los $90 millones, aunque el monto definitivo dependerá de las evaluaciones que se realicen sobre los sectores afectados. Entre los daños registrados se encuentran roturas en el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
