El Gobierno nacional denunció al diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, por presunto espionaje ilegal, luego de sus declaraciones en el Congreso sobre los movimientos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial se produjo luego de que el diputado detallara en el Congreso presuntas rutinas de la esposa del jefe de Gabinete. Desde el oficialismo advierten sobre riesgos para la seguridad y apuntan a posibles tareas de inteligencia ilegal.

El Gobierno nacional denunció al diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, por presunto espionaje ilegal, luego de sus declaraciones en el Congreso sobre los movimientos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La denuncia fue efectuada por Diego Hernán Goldman, en carácter de Subsecretario Legal del Ministerio de Seguridad Nacional y Mariana Gabriela Malvina Venesio en carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos, apoderada también del Ministerio de Seguridad Nacional. Allí se plantea la posible comisión de acciones ilegales de inteligencia, en base a la Ley de Inteligencia Nacional.
Mediante sorteo, la causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5.
El conflicto se originó durante la sesión informativa en la Cámara de Diputados, cuando Tailhade cuestionó a Adorni y aseguró que su esposa, Bettina Angeletti, utilizaba custodia de la Policía Federal para actividades personales, como llevar a sus hijos al colegio o realizar salidas nocturnas.
Las afirmaciones incluyeron referencias a rutinas y lugares específicos, lo que generó una fuerte reacción del funcionario.
Adorni respondió en el recinto y calificó los dichos como “sospechosos”, al advertir que ese nivel de detalle podría implicar el acceso a información sensible. “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa”, sostuvo.
En la denuncia, el Ministerio de Seguridad consideró “preocupante” que un legislador exponga públicamente aspectos de la vida privada de un funcionario de alto rango, y señaló que, de confirmarse, la información habría sido obtenida mediante mecanismos ilegítimos.
El escrito advierte que la difusión de esos datos podría comprometer la seguridad del jefe de Gabinete y su familia, además de afectar el funcionamiento institucional.
También se remarca que el caso podría trascender el ámbito individual y convertirse en un problema de Seguridad Nacional, dado el rol estratégico que ocupa Adorni dentro del Poder Ejecutivo.
La Justicia federal deberá determinar si existieron tareas de inteligencia ilegal y si hubo participación de otras personas u organizaciones en la obtención y circulación de la información mencionada por el diputado.
El Gobierno pidió una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y posibles delitos de acción pública vinculados al caso.