La Administración de Parques Nacionales (APN) recuperó este viernes a la mañana la seccional de guardaparques El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces, que permanecía usurpada desde diciembre de 2020.
La ministra Patricia Bullrich ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Lof Paillako del Parque Nacional Los Alerces en Chubut, donde permanecen desde 2020.
La Administración de Parques Nacionales (APN) recuperó este viernes a la mañana la seccional de guardaparques El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces, que permanecía usurpada desde diciembre de 2020.
El operativo, que fue anunciado ayer por el Gobierno nacional, lo llevó adelante la Policía Federal Argentina para, según se informó oficialmente, “restablecer el orden y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley”.
La Administración de Parques Nacionales recordó que la ocupación ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal del organismo, además de “un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado nacional”.
Un comunicado oficial dado a conocer ayer sostuvo: “El gobierno nacional ha decidido no prorrogar la ley Nº 26.160 de emergencia territorial indígena, una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos. Con esta decisión, recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia”.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, informó ayer que "tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut".
El Gobierno Nacional decidió además no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena y la consideró "una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos".
"Con esta decisión, recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia", destacaron.