El Gobierno de la Ciudad recuperó un predio ocupado hace 12 años por una agrupación de Raúl Castells

Este espacio es propiedad del Gobierno de la Ciudad y había sido cedido a la organización de Castells. Con el permiso vencido funcionaba como un campo de deportes de la Universidad Popular del movimiento político del ex piquetero.

Ahora pasará a administrarlo el Gobierno de la Ciudad. Los chicos de los colegios de la zona que usan el predio van a poder seguir utilizándolo. "Tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones", destacó Jorge Macri.

“No vamos a permitir ocupaciones ilegales del espacio público ni privado donde unos pocos se aprovechan. Tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones porque hay que dejar de confundir necesidad con impunidad. Los vecinos nos reclaman orden y esa es nuestra prioridad”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La política de la Ciudad de desalojar los espacios usurpados

El desalojo de este viernes, que comenzó a las seis de la mañana, es parte de las políticas que lleva adelante la gestión de Jorge Macri para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Y se encuadra en la planificación que impulsa el Jefe de Gobierno para poner fin a situaciones que alteran la convivencia ciudadana, generan problemas de inseguridad y afectan la calidad de vida de los vecinos.

A esto se suma todo lo que se está haciendo en la Ciudad como la liberación de veredas y plazas que estaban ocupadas por la venta ilegal. Hasta el momento, se realizaron 10 megaoperativos de desalojo de manteros en distintas zonas de la Ciudad como Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron feriales ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), en el aeroparque Jorge Newbery, en Plaza Lavalle y en el Congreso.

Del mismo modo, la Ciudad intensificó durante la actual gestión su labor para prevenir, combatir y terminar definitivamente con las acciones extorsivas de los “trapitos” en la vía pública. Y en paralelo, se envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas para quienes cometan esas contravenciones.