Lo anunció Manuel Adorni en conferencia de prensa. Además, la cartera de Sandra Pettovello apeló el fallo que frena la baja de beneficiarios por protestas. Consideran que la resolución judicial es infundada.
El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará la decisión del Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick.
El Gobierno nacional anunció una profunda reestructuración en el Ministerio de Capital Humano. Lo hizo a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles: la cartera a cargo de Sandra Pettovello, eliminó la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Subsecretaría de Políticas Sociales.
En su lugar, la cartera que encabeza Sandra Pettovello pondrá en marcha la Subsecretaría de Promoción Humana, con un enfoque -según explicó a través de un comunicado- en la transparencia y en una asistencia sin intermediarios.
"Esta reestructuración forma parte del compromiso del Gobierno Nacional con la eficiencia y la transparencia en la administración pública, eliminando estructuras burocráticas innecesarias y redes de intermediación que desviaban recursos", sostiene un comunicado que difundió Capital Humano.
Dentro de los argumentos que esgrimió la cartera, la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria, que anteriormente dependía de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, estaba a cargo de la Secretaría de Economía Social, liderada por el dirigente social Emilio Pérsico.
"Desde ese cargo, Pérsico manejó millonarios subsidios destinados a cooperativas con las que se encontraba aparentemente vinculado, motivo por el cual fue denunciado y es investigado por la Justicia Federal Penal por delitos como fraude a la administración pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", detalla el texto.
Y agregaron: "El área contaba con más de 1900 empleados y programas superpuestos, generando ineficiencias en la gestión del ministerio y facilitando la discrecionalidad en el uso de los fondos".
La cartera a cargo se Sandra Pettovello apeló la decisión del Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, quien el pasado 28 de febrero hizo lugar parcialmente a una medida cautelar que impide al Gobierno excluir de los programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social" a beneficiarios que participen en protestas, interrumpan la circulación o incurran en actos de violencia que alteren el orden público.
De acuerdo a la información oficial, la cartera ministerial considera que la resolución judicial parte de un "prejuicio" al asumir que la aplicación de las medidas establecidas en la Resolución 84/2024 se haría de manera arbitraria y sin el debido sustento legal.
Según lo comunicado, en su apelación, el Ministerio sostuvo que el derecho a ser oído no se encuentra afectado, limitado ni restringido por el hecho de condicionar la permanencia en un programa asistencial al cumplimiento de la ley, evitando actos de violencia o bloqueos al libre tránsito.
El juez Cormick argumentó que las medidas impugnadas tendrían "indicios de ilegitimidad", podrían atentar "contra el derecho a ser oído" y afectar a personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano señalan que la decisión del magistrado se basa en una "valoración abstracta", sin presentar ningún caso concreto de arbitrariedad en la aplicación de las normativas.
Asimismo, el Ministerio subrayó que la condición de vulnerabilidad de una persona no puede ser justificación para la comisión de actos ilegales que perjudiquen a terceros.
Además, advirtió que existen antecedentes de organizaciones sociales que han ejercido "actos extorsivos" sobre ciudadanos beneficiarios de programas sociales, forzándolos a participar en manifestaciones que restringen el derecho de circulación.
En su resolución, el juez Cormick indicó que la exclusión de los programas podría causar un "daño irreparable" a los afectados, aunque el Ministerio criticó que dicha apreciación no se aplique a otras causales de egreso, como la verificación de viajes al exterior.
Según la cartera conducida por Sandra Pettovello, esta disparidad en el criterio judicial sugiere una "concesión" a organizaciones sociales que, según su evaluación, se benefician de la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios.
Ante este escenario, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su intención de combatir lo que considera un aprovechamiento irregular de los programas sociales y confirmó que apelará la decisión judicial para reactivar la aplicación de los incisos suspendidos de la Resolución 84/2024.
