Otro informe agregado a la causa indicó que no hubo asistencias válidas ni constancia de tareas realizadas entre el 10 de junio de 2020 y el 11 de septiembre de 2025. El abogado había ingresado a la administración pública en 1987 y antes de la cesantía había sido suspendido sin goce de sueldo.
Desde diciembre de 2023, cuando asumió Figueroa, la provincia aplica un esquema de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción o prácticas irregulares, que incluye controles biométricos de ingreso y salida para prevenir maniobras que eran de conocimiento general.
En su defensa, Salvatori sostuvo que no se le asignaban funciones, denunció una supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y afirmó ser víctima de persecución. No obstante, la Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial dictaminó que “de las propias declaraciones del agente sumariado, surge acreditado que durante el periodo investigado el agente no ha prestado servicios, es decir no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades”.