El Ministerio de Capital Humano y la ANSES pidieron ser querellantes en la causa que investiga los seguros durante la gestión de Alberto Fernández. La presentación conjunta fue presentada ante el juez Julián Ercolini.
Corrupción
El Ministerio de Capital Humano y la ANSES pidieron ser querellantes en la causa de los seguros
Se trata de una presentación conjunta que fue llevada ante el juez Julián Ercolini. El gobierno de Alberto Fernández fue denunciado por favorecer a intermediarios.
El ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, junto a la Anses buscan participar de la querella por el escándalo de los seguros.
Los organismos estatales, que también son denunciantes en el caso, aportaron testigos y solicitaron que “se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos que surge de la nota cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente”.
Asimismo, plantearon que el Juzgado realice una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado por la maniobra de los brokers de NACION SEGUROS S.A.
Qué dice la denuncia del Ministerio de Capital Humano y la ANSES
De acuerdo a la denuncia, “la ANSES contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.
Qué dice la denuncia del Ministerio de Capital Humano y la ANSES
De acuerdo a la denuncia, “la ANSES contrató directamente cobertura con Nación Seguros y con posterioridad se introdujo injustificadamente la designación de intermediarios, que generó el pago de comisiones en perjuicio del erario público”.
Además, precisaron que “por orden del exdirector general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se ordenó designar a San Ignacio Sociedad de productores asesores de seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A, en carácter de asesor para la intervención en los contratos mencionados”.
Finalmente, la presentación conjunta señala que Campos fue denunciado por ANSES por “otros hechos vinculados con negociaciones incompatibles con la función pública” y “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa”.
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