Además, persisten interrogantes sobre quién autorizó el operativo y qué funcionario del Ministerio de Seguridad tiene a cargo la emisión de las órdenes para que efectivos de Gendarmería continúen realizando tareas de vigilancia en el country donde vive Adorni.
(Foto: captura de pantalla)
La continuidad de esos rondines es uno de los puntos que genera cuestionamientos, ya que la custodia se mantiene pese a que el ex funcionario dejó de desempeñar funciones dentro del Gobierno nacional.
La polémica por el uso de recursos públicos
La situación tomó mayor relevancia luego de la difusión de mensajes enviados en un grupo de WhatsApp de propietarios del country en marzo pasado. Allí, Adorni habría informado sobre la presencia de Gendarmería y alertado sobre personas que tomaban fotografías de su vivienda.
"Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad que siempre caracterizó el lugar. Además todo está filmado y será enviado a la Justicia para que se encargue de lo que deba en cada una de las situaciones", indicó el funcionario en un mensaje fechado el 31 de marzo.
(Foto: captura de pantalla)
La investigación patrimonial
La reaparición de Gendarmería en el country ocurre mientras Adorni continúa bajo investigación judicial por la evolución de su patrimonio.
Según el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, durante el período analizado el ex funcionario percibió 35 haberes derivados de su función pública. Sumados a los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti, los recursos acreditados alcanzaron los $229.752.283,20.
Sin embargo, la fiscalía detectó gastos por $272.820.832,20, incluyendo consumos con tarjetas, seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes. La diferencia entre ingresos y erogaciones asciende a $43.068.549, una de las cuestiones sobre las que la Justicia busca obtener explicaciones.
Entre los bienes examinados figuran el lote 380 del country Indio Cuá, un departamento ubicado en Miró 550 y el mobiliario destinado a esos inmuebles.
La investigación incorporó además información sobre compras, remodelaciones y adquisiciones realizadas durante el período bajo análisis. Según la reconstrucción incluida en el expediente, el desembolso total vinculado a esas operaciones alcanzó los U$S 402.578,12.
La evolución de los ingresos de su esposa también forma parte de la investigación. (Foto: archivo)
La fiscalía también analiza la compra de un Jeep Compass realizada en marzo de 2024 por U$S 21.500, una operación que, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, fue afrontada principalmente en efectivo.
Otro de los puntos observados son los pagos efectuados para remodelar la vivienda de Indio Cuá. Por esas obras se acreditaron desembolsos por U$S 245.000, también en efectivo.
A su vez, la investigación contempla distintos viajes al exterior realizados por el grupo familiar, algunos abonados total o parcialmente en efectivo y en moneda extranjera.
La evolución de los ingresos de su esposa también forma parte de la investigación. El informe señala que durante octubre y diciembre de 2024 emitió facturas a tres clientes y, según consta en el expediente, su facturación aumentó un 1.440,97% respecto del período anterior.
La prórroga otorgada por la Justicia
En ese contexto, el pasado 25 de agosto la Justicia concedió una extensión del plazo solicitado por la defensa de Adorni para presentar la documentación patrimonial requerida en la causa.
El juez federal Ariel Lijo otorgó una prórroga de 15 días con el objetivo de garantizar el derecho de defensa del ex funcionario y permitirle acceder a elementos vinculados con la investigación.
Ese plazo vencería el próximo 16 de septiembre, fecha en la que deberá presentar el informe patrimonial solicitado por la Justicia.