El proyecto contempla multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina para empresas, socios y proveedores involucrados en esas actividades.
Sin embargo, las objeciones de los bloques aliados y las preocupaciones transmitidas por Estados Unidos llevaron al oficialismo a modificar el alcance de las responsabilidades. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, le había manifestado personalmente al presidente Javier Milei la inquietud de la administración de Donald Trump por las consecuencias que las sanciones podían tener para las compañías de ese país.
A partir de las negociaciones, el texto limita las sanciones a quienes participen directamente en los negocios ilegales: operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. En cambio, quedan excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las empresas explotadoras.
El Consejo de Seguridad Nacional y el control de las inversiones extranjeras
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que estará presidido por el jefe de Estado e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
A esa composición se incorporó también al Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.
El nuevo organismo tendrá la función de coordinar las estrategias de defensa, inteligencia y seguridad interior. Además, podrá controlar, aceptar o rechazar inversiones promovidas por Estados extranjeros y empresas con capitales de esos países en sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
A pedido de los bloques aliados, el oficialismo habilitó la participación de autoridades legislativas, gobernadores y representantes de otras áreas del Estado como miembros no permanentes cuando los temas tratados lo requieran.
El proyecto también precisa las competencias de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo, aunque no establece una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas.
La comisión bicameral que reclamaron los aliados
Otro de los cambios incorporados es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que tendrá facultades para auditar las decisiones y los procedimientos del Consejo de Seguridad Nacional.
La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de establecer un mecanismo de control parlamentario sobre un organismo integrado principalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo.
Según el cambio anunciado, el Gobierno deberá informar a la bicameral, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
La incorporación de este mecanismo busca responder a los cuestionamientos sobre la concentración de facultades en el Ejecutivo y garantizar que el Congreso tenga acceso a información sobre las decisiones del nuevo organismo.
Qué establece el proyecto sobre la injerencia extranjera
La iniciativa también modifica el artículo que prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.
El dictamen incorpora una definición de “campaña de injerencia extranjera”. La describe como un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.
A su vez, establece exclusiones expresas para evitar que determinadas actividades queden comprendidas en esa figura penal. Entre ellas se encuentran la actividad diplomática ajustada al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, el ejercicio periodístico, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses.
Pese a los cambios, algunos bloques aliados que acompañaron el dictamen con disidencias reclaman nuevas precisiones, especialmente en los artículos 127, 128 y 129.
