La Libertad Avanza pedirá el juicio político contra la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil

Las críticas también llegaron desde los bloques libertarios de la Legislatura bonaerense. El presidente de la bancada de senadores de LLA, Carlos Curestis, cuestionó la cautelar y sostuvo que la Justicia provincial “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes”.

Por su parte, el titular del bloque libertario en Diputados, Juan Osaba, calificó la decisión como un “fallo político” y aseguró que deja sin respuesta a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad. La resolución fue firmada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial.

La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en beneficio de adolescentes privados de su libertad.

Por qué la jueza suspendió por 60 días la aplicación de la ley

La decisión de Pascual no declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801, que estableció la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad. El argumento central de la magistrada fue que la provincia de Buenos Aires no contaría actualmente con los recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado necesarios para incorporar a adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal.

En su resolución, Pascual planteó que debe determinarse si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal “sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables” para garantizar los estándares constitucionales y convencionales durante una privación de la libertad.

La magistrada también advirtió sobre las consecuencias de avanzar sin esos recursos. “No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias futuras no deseadas para la propia sociedad”, sostuvo. Además, convocó para el 16 de septiembre a las 10 a una audiencia en la que funcionarios provinciales deberán informar qué medidas se adoptaron para implementar el nuevo régimen, cuáles están planificadas y cuáles son los plazos previstos.

Bullrich y Santilli cuestionaron la decisión judicial

La suspensión también provocó fuertes críticas desde referentes nacionales de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la reforma, atribuyó la medida a una “Justicia provincial garantista”.

Desde el Ejecutivo bonaerense respondió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien sostuvo que una reforma de esta magnitud necesita juzgados, fiscalías, centros especializados y recursos para poder ser implementada. Además, reclamó fondos nacionales.

Diego Santilli replicó con fuertes críticas al funcionario: “Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera? Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie”.

Un fiscal bonaerense dijo que no acatará el fallo

La resolución también abrió una discusión dentro de la propia Justicia bonaerense sobre hasta dónde llega el alcance de la medida dictada por Pascual. El fiscal del Fuero Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma dentro de un expediente concreto, pero cuestionó que pueda dejar sin efecto su aplicación para toda la provincia.

“Yo de ninguna manera voy a acatar un fallo de esa naturaleza”, aseguró en declaraciones radiales. Zárate anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción y sostuvo que el nuevo régimen ya tuvo consecuencias concretas en expedientes judiciales.

Como ejemplo mencionó el caso de un condenado por el crimen de Matías Urbani, asesinado en Tigre en 2009, cuya situación fue revisada bajo el principio de aplicación de la ley penal más benigna. Según el fiscal, si la nueva legislación puede producir efectos favorables para personas ya condenadas, también debería aplicarse en los nuevos procesos.