La jueza Marta Elba Pascual tomó la decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Su medida no pasó desapercibida. En pocas horas, se presentó una denuncia penal contra ella.
La doctora Marta Elba Pascual argumentó que por falta de la infraestructura adecuada no están dadas las condiciones para su correcta implementación. Pero su medida despertó rechazo y tuvo una rápida contrapartida, que llegó hasta la Justicia.
La jueza Marta Pascual suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil y fue denunciada. (Foto: Gentileza Tiempo Sur)
La jueza Marta Elba Pascual tomó la decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Su medida no pasó desapercibida. En pocas horas, se presentó una denuncia penal contra ella.
Una ONG presentó una causa contra ella por esa acción. La presentación fue realizada por Usina de Justicia, la organización creada por Diana Cohen Agrest, que denunció a la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La entidad cuestionó la decisión judicial que frenó temporalmente la aplicación de la normativa.
La jueza había intervenido a partir de un habeas corpus colectivo y dispuso suspender por 60 días la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense. La medida generó fuertes críticas debido a que la ley busca establecer un nuevo marco de responsabilidad penal para adolescentes que cometen delitos.
Desde Usina de Justicia sostienen que Pascual habría avanzado sobre atribuciones que no le corresponden y cuestionaron que una resolución judicial pueda impedir la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
Además de la denuncia penal, la ONG pidió ser tenida como parte en el expediente del habeas corpus y reclamó que durante el proceso se contemple especialmente la perspectiva de las víctimas de delitos.
La presentación agrega un nuevo capítulo a una disputa que enfrenta a sectores que reclaman una aplicación inmediata del régimen y organizaciones que cuestionan distintos aspectos de su implementación. Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde investigar a la magistrada por los delitos denunciados y si su decisión de suspender la norma se ajustó a sus facultades.
Pascual había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y ordenó frenar temporalmente la aplicación de la normativa. Pero la respuesta llegó inmediatamente. El fiscal Andrés Zárate, de San Isidro, cuestionó la resolución judicial de Marta Pascual al considerar que carece de alcance general y afirmar que seguirá actuando bajo la legislación que entró en vigencia el sábado último.
“El garantismo bobo no entiende la dimensión del problema”, aportó desde la política el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Así se sumó a las críticas que recibe la jueza por su decisión de suspender la aplicación del nuevo régimen juvenil. El jefe provincial señaló que "están buscando excusas para no actuar".
Pero la denuncia principal contra la jueza es la de la ONG Usina de Justicia, porque se la acusa de cometer varios delitos con esa medida de suspender por 60 días una ley nacional. La titular de "Usina de Justicia" es muy conocida por sus actividad profesional e intelectual - fue premio Konex de "Ética" en el año 2016. Pero además, su historia personal se emparenta con esta legislación.
Diana Cohen Agrest es una filósofa argentina, nacida en Buenos Aires el 5 de mayo de 1954. Es doctora en Filosofía por la UBA y magíster en Bioética por la Monash University de Australia. Fue docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también trabajó en el área de bioética.
Es especialmente conocida por su trabajo sobre seguridad, justicia penal y derechos de las víctimas. Su acercamiento a estos temas se profundizó después del asesinato de su hijo Ezequiel Agrest, ocurrido en 2011 durante un robo. A partir de esa experiencia comenzó a cuestionar el funcionamiento del sistema penal y la situación de las víctimas. En su página oficial, la ONG dice: "Somos una Asociación Civil que desde 2014 trabajamos para acompañar a las víctimas de homicidio y femicidio y recuperar una Justicia justa que contemple a estas víctimas".
En 2014 fundó la Asociación Civil Usina de Justicia, de la que actualmente es presidenta. La organización se presenta como una entidad apartidaria dedicada a defender los derechos de las víctimas de delitos y reclamar cambios en el sistema de justicia penal.
Su hijo, Ezequiel Agrest, tenía 23 años y era estudiante de cine. Fue asesinado cruelmente en una "entradera" el 8 de julio de 2011.
El crimen ocurrió en el pasaje Bertrés al 500, cerca de Pedro Goyena, donde vivía Lucía Agosta, compañera de Agrest. Los dos jóvenes estaban descargando elementos de un automóvil y se disponían a trabajar en la realización de un cortometraje cuando fueron sorprendidos por Pantano.
El delincuente, que llevaba una pistola calibre .45, los obligó a ingresar a la vivienda. Allí, Agosta le entregó dinero en efectivo, pero el ladrón consideró insuficiente el botín. Entonces decidió atar a la joven y a su hermano, Andrés, mientras intentaba someter también a Ezequiel Agrest.
Agrest se resistió y Pantano reaccionó con extrema violencia: primero lo golpeó con la culata del arma y luego le disparó dos veces en la cabeza. Los balazos provocaron la muerte del joven.
Pantano tenía 34 años al momento del crimen y era hijo de un ex sargento de la Policía Federal Argentina. Fue detenido un mes después en Lomas de Zamora, cuando llevaba un documento de identidad falso. Primero fue condenado a cadena perpetua pero recibió un cambio por una pena de 23 años de prisión.
Dos años más tarde del crimen, la filósofa Cohen Agrest creó esta ONG que ahora acaba de denunciar penalmente a la Jueza que suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
