Luego de ser procesado por la causa Seguros, Graciela Ocaña y otros dos representantes del interbloque Confianza Pública le solicitaron al ANSES quitarle el beneficio al ex presidente.
Luego de conocerse el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una presentación a la ANSES para reclamar la anulación de la jubilación de privilegio del ex presidente. El ex mandatario cobra cerca de 9 millones de pesos, más de 24 jubilaciones mínimas.
La presentación fue firmada por Graciela Ocaña y otros dos legisladores pertenecientes al interbloque Confianza Pública, tales como los casos de María Sol Méndez y Sebastián Nagata. En el escrito, dirigido a Fernando Bearzi, titular del organismo, solicitaron “la suspensión de la asignación mensual vitalicia que percibe el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández”.
“Como es de público conocimiento, el día 10 de Julio del corriente, el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado por el Juez Federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa denominada ‘Seguros’”, menciona el documento.
Y continúa: “Ante este hecho, la jubilación de privilegio debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro gobierno tanto defiende”. Los legisladores pidieron que la suspensión se extienda “hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.
“Es sabido que los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeño una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio”, sigue el escrito.
Y profundiza: “En caso de continuar abonando esta asignación de privilegio que a febrero de 2025 ascendía a $8.877.518,67 -conforme contestación de acceso a la información pública-, se estaría generando una millonaria perdida a las arcas del Estado”.
“¿Qué mensaje esta dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajo toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos?, en cambio un ex presidente -procesado por corrupción y violencia de genero- cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir mas de 24 jubilaciones mínimas", remarca la presentación de Ocaña, Méndez y Nagata.
Este jueves, el juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente. Además, ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por $14.634.220.283,68.
El ex presidente se defendió de las acusaciones en un comunicado en sus redes sociales sostuvo que la Justicia lo persigue por ser “peronista” e intentó despegarse de la causa que lo tiene imputado.
La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.
En su fallo, el magistrado aseguró que el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” de las empresas de Martínez Sosa con el Estado. En ese marco, Casanello entendió que Fernández impulsó “a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”.
En otro tramo de la sentencia de 400 páginas, Casanello consideró que el decreto firmado por Fernández fue para “priorizar los fines públicos al afán de lucro”, mientras que las fotos que publicaba con Martínez Sosa funcionaban como un activo para el empresario, para que pudiera obtener más contratos gracias a su cercanía con quien por entonces era el Presidente de la Nación.
