El expresidente no sólo tiene que afrontar la causa por violencia por la que fue denunciado por su exesposa. El juez Casanello lo citó para ampliar su declaración indagatoria. Debe decidir si lo procesa o no en la causa de los seguros.
Alberto Fernández citado a declaración indagatoria este viernes. (foto: Gentileza La voz de Neuquén)
El expresidente Alberto Fernández suma complicaciones con la Justicia, más allá de la causa abierta por la violencia doméstica en una demanda realizada por su exmujer, Fabiola Yáñez. Este viernes al mediodía se presentó nuevamente en los tribunales para una declaración indagatoria. Fue citado por el juez Sebastián Casanello en la causa por presuntas irregularidades con los seguros.
En rigor, esta nueva declaración fue solicitada por el propio Alberto Fernández. Es para tener la oportunidad de aportar más datos en ese expediente judicial. La declaración indagatoria es una herramienta muy importante como elemento de defensa para cualquier acusado. Por eso, el exmandatario hizo este pedido. El juez Casanello debe definir en poco tiempo más si procesa al expresidente en esta causa.
La fórmula presidencial que gobernó la Argentina entre 2019 y 2023 tiene varios problemas con la Justicia. Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta, acaba de ser condenada a seis años de prisión (domiciliaria) en la Causa Vialidad y tiene varios procesos judiciales pendientes. Alberto Fernández, por su parte, tiene dos causas abiertas en su contra.
El expresidente está acusado por la comisión de un posible delito con la contratación obligatoria de una empresa de seguros para dependencias oficiales. A Alberto Fernández se lo acusa de haber impulsado y firmado un decreto (el DNU 823/2021) que eliminó la competencia y habría permitido un esquema de corrupción en contrataciones de seguros, lo que habría generado beneficios millonarios para intermediarios (amigos y allegados).
En febrero de 2024, la justicia inició una investigación sobre un decreto de fines de 2021 que direccionó contratos estatales hacia intermediarios. Solo dos meses más tarde, abril de 2024, el juez Ercolini ordenó congelar sus bienes y levantar el secreto fiscal y bancario.
El decreto eliminó la posibilidad de licitaciones públicas, lo que habría permitido direccionar los contratos hacia intermediarios específicos - brokers - que luego cobraron comisiones elevadas.
Del entrecruzamiento de llamadas saltó a la luz que Alberto Fernández realizó al menos 17 llamadas entre 2019 y 2024 a Martínez Sosa, según pericias de Policía Federal. Un dato al margen: de esos registros de llamados, se supo la situación potencial de violencia doméstica y de género entre el entonces presidente y su esposa, Fabiola Yañez.
El juez preservó esos mensajes y los envió a otro juzgado por el posible delito de violencia de género. Fabiola, inicialmente, no se mostró dispuesta a accionar judicialmente, pero luego cambió de opinión y promovió la causa que fue noticia en el mundo entero.
Con el resto del cuerpo de los llamados telefónicos disponibles, el juez Ercolini encontró elementos para profundizar en la causa de los seguros. Otro de los aportes importantes para esta causa fue el informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac): en mayo de 2025, elevó un informe de 600 páginas que vincula a posibles testaferros con la maniobra que obligaba a todas las dependencias públicas de tener que contratar con una sola compañía aseguradora.
En abril de 2024, el juez Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Fernández y citó a 38 personas en condición de imputados a declarar, encuadrados en un presunto esquema de irregularidades dentro de la obligación de contratar a una sola empresa de seguros. La causa siguió avanzando hasta que el pasado 27 de noviembre el expresidente se presentó a declaración indagatoria.
En el inicio de este año, hubo un cambio en la causa. Pasó de manos de Ercolini al juez Sebastián Casanello. El nuevo magistrado tiene que definir la condición procesal del expresidente.
Es por eso que el mandatario solicitó una segunda posibilidad para ampliar su declaración indagatoria. Es el principal elemento para defensa que tiene un imputado. Por lo tanto, si el imputado Fernández lo solicito, es de esperar que aporte elementos nuevos a la causa, en su búsqueda por quedar desvinculado de la acusación.
El expresidente Alberto Fernández tiene una situación compleja. El decreto 823/2021 constituye el eje de la imputación: Fernández habría eliminado los mecanismos de transparencia, canalizando las contrataciones hacia un sistema cerrado con brokers afines. Ese decreto no solo choca con las elementales normas que dicen que en la administración pública la "contratación directa" está vedada salvo en una emergencia (por ejemplo, la compra de equipos de rescate ante un desastre natural).
Por eso mismo, la fiscalía acusa al exmandatario: Alberto Fernández tenía autoridad directa para garantizar "honestidad y transparencia" en los procesos de los sistemas de seguros, pero con lo que hizo, se habilitó una red de intermediarios direccionados.
En las llamadas analizadas - que como dijimos, habilitaron colateralmente la causa de violencia que generó en su contra - se descubrió un vínculo entre el expresidente con funcionarios y contactos que refuerza la sospecha de favoritismo
La presencia de Alberto Fernández para una nueva declaración indagatoria es clave. Si da nuevos elementos, el juez Casanello puede disponer nuevas medidas de prueba. De lo contrario, podría estar en condiciones de cerrar su investigación y promover un juicio público en contra del exmandatario.
Este caso impacta en la escena política, ya que completaría la fórmula presidencial que gobernó el país entre 2019 y 2023 con graves problemas en la Justicia. Cristina Fernández de Kirchner tiene ya una condena firme. Alberto Fernández afronta dos procesos judiciales en su contra de manera simultáneamente.
