Así lo determinó el juez Sebastián Casanello y la decisión detalla que es por incompatibilidad en los deberes de funcionario público. Además, ordenó un embargo de casi 15 mil millones de pesos.
Alberto Fernández fue procesado en la causa Seguros por el juez Sebastián Casanello y la decisión detalla que es por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente. Además, la Justicia ordenó un embargo de casi 15 mil millones de pesos sobre los bienes del ex mandatario.
Por su parte, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, su mujer, María Cantero, y varios ex funcionarios de Nación Seguros, según se informó en A24. La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del ex mandatario.
Casanello ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández del expresidente por $14.634.220.283,68. El fallo aseguró que el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” de las empresas de Martínez Sosa con el Estado.
En ese marco, el juez entendió que Alberto Fernández impulsó “a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”.
Semanas atrás, el juzgado recibió un informe clave, elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para avanzar en la causa. El documento demostraría la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados involucrados en el caso.
El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”. “Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, dice el fallo.
Y agrega: “La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”.
Casanello también procesó, sin prisión preventiva, al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria, y Mauro Tanos.
En el listado también aparecen Santiago Fraschina, un economista camporista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y mandó una nota a Nación Seguros, en marzo de 2023, para redistribuir los porcentajes que le correspondían a los brokers por la póliza de la ANSES, y Federico D’Angelo Campos, que también estuvo a cargo del FGS.
En cambio, Casanello dictó la falta de mérito de los empresarios Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Hernán Alejandro Beretta, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Ricardo Mauricio Clement, y Laura Elena Crisafulli.
El expresidente está acusado por la comisión de un posible delito con la contratación obligatoria de una empresa de seguros para dependencias oficiales. A Alberto Fernández se lo acusa de haber impulsado y firmado un decreto (el DNU 823/2021) que eliminó la competencia y habría permitido un esquema de corrupción en contrataciones de seguros, lo que habría generado beneficios millonarios para intermediarios (amigos y allegados).
