Las dos mayores experiencias internacionales de procesos que buscaron transparentar la política terminaron en un rotundo fracaso.

El Mani Pulite italiano concluyó con los partidos políticos italianos destruidos y con Silvio Berlusconi –un excéntrico e impredecible empresario- como amo y señor de la política.

El Lava Jato brasileño está generando efectos nocivos para la política brasileña: un gobierno débil, el Partido de los Trabajadores en crisis total y un futuro incierto para el país vecino.

Lejos de los fenómenos de Italia y Brasil, el discurso antipolítica en Estados Unidos terminó con Trump en el poder.

La Argentina transita desde hace años un camino similar, en que todas las medidas gubernamentales (de un lado o de otro) terminan judicializadas. Se trata de un camino peligroso que transitan los dos principales espacios políticos del país.

¿Honestidad? Brutal

El escritor y periodista Martín Caparrós desarrolló en los 90 el concepto de “honestismo”. Lo describe así: “un gobierno (el menemista) estaba dando vuelta la estructura social y económica del país y nos preocupaban sus robos, su corrupción, sus errores y excesos”.

Algo parecido podría estar pasando estos días: frente a un gobierno que deja librado a la azar la mayoría de las cuestiones económicas, la discusión pública se centra en si algún funcionario (ya rico) se benefició o no con alguna medida económica, si trajo o no sus ahorros al país o si alguna empresa beneficiaria de obra pública tiene algún tipo de relación con el Gobierno. Es obvio que la tendrá: este es un gobierno conformado por muchos empresarios y no hay tantas empresas grandes en la Argentina.

Si tienen la plata afuera, la queja es porque no lo traen; si la traen, la queja es porque invirtieron en Lebacs, con lo que se están beneficiando de las propias medidas económicas del Gobierno… La única solución sería que donen todo su dinero a entidades de bien público.

En definitiva, lo que le molesta a la oposición (y a cierto sector de la ciudadanía) es que gobiernen empresarios. Pero nos guste o no, eso es lo que votó la gente: un gobierno conformado por gente “ya rica” que “no robe porque no lo necesita”. El cambio.

Fondo y forma

La lupa (y las críticas) no debería estar puesta entonces en lo que pasa con los patrimonios de los funcionarios sino en las políticas económicas que llevan adelante y cuál es el lugar que el gobierno del PRO le asigna al Estado en la economía y en la sociedad. Lo importante no es la forma sino el fondo.

El problema es que este gobierno no cree que el Estado sirva para regular la economía:

  • Devaluó el primer año un 50% pero no generó ningún tipo de control de precios. Inmediatamente la devaluación fue a precios.
  • Dio beneficios a empresarios (la eliminación de las retenciones a la minería, por ejemplo) pero no pidió nada a cambio. El sector no generó los puestos de trabajo prometidos.
  • Abrió masivamente las importaciones, sin un plan para proteger a la industria local, que es la que más puestos de trabajo genera.
  • Liberó los precios del mercado petrolero, sin medir el efecto inflacionario que eso tendría y sin tener en cuenta una máxima de la economía argentina: no importa cuál sea el costo internacional, las empresas nunca van a bajar sus precios.
  • Aumenta los precios de las tarifas de servicios públicos sin exigir a las empresas nada concreto a cambio.

Unir a los argentinos

Pero el gobierno tiene también un problema de lógica interna en sus postulados económicos. La idea central de su política económica es que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía para lograr que el sector privado invierta. Para eso, dicen, hay que generar confianza.

El Gobierno tiene una profunda incapacidad de dialogar y de generar acuerdos de largo plazo. Y no hay confianza posible si hay una oposición que está permanentemente cuestionando los pilares de ese modelo.

Macri tiene una debilidad a la hora de negociar: perdió la confianza de sus interlocutores. Gobernadores y legisladores “dialoguistas” de la oposición no le creen al Gobierno, no confían en su palabra. Lo dicen en público y en privado.

A principio de año uno de los más importantes líderes provinciales del peronismo pronosticaba una guerra abierta para después del mundial. Los tiempos se adelantaron con el encarcelamiento de Fellner, la intervención del PJ y la crisis de las tarifas. Hoy los puentes están debilitados.

La política es el mecanismo para canalizar y resolver los conflictos sociales. La estrategia del kirchnerismo frente a esos conflictos era maximizarlos, redoblar la apuesta para intentar convencer al 51% necesario para gobernar. La estrategia del PRO es ningunearlos.

Al no creer en el Estado como entidad superior para mediar entre esos conflictos, tampoco creen en la política para construir consensos de largo plazo.

La antipolítica

La últimas encuestas de Synopsis dicen que en las elecciones 2019 un 36,3%  quiere que triunfe “una nueva alternativa”. De esos,  el 37% quiere que sea alguien de afuera de la política.

Otra vez los riesgos de creer que los problemas de una sociedad se pueden resolver sin política: como lo intenta el PRO con el gobierno de CEOs, como lo intenta Italia con Berlusconi, como lo intenta Estados Unidos con Trump.

Ninguno de esos caminos parece haber llevado a buenos resultados.