El Gobierno nacional, a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a cuestionar la convocatoria a la 4° Marcha Universitaria Federal y desmintió que el nuevo ajuste presupuestario afecte partidas de Educación.
En la previa a la cuarta movilización en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, respondió a los cuestionamientos.

El Gobierno niega más ajuste en las universidades y cuestiona los argumentos de los convocantes a la 4° marcha federal. Foto: Archivo.
El Gobierno nacional, a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, volvió a cuestionar la convocatoria a la 4° Marcha Universitaria Federal y desmintió que el nuevo ajuste presupuestario afecte partidas de Educación.
"No hubo recortes", sino que "no hay actualización salarial", aseguró Álvarez en declaraciones radiales este martes, tras cuestionar la ley votada el año pasado por la oposición en el Congreso, que estipulaba "una paritaria nacional docente con un aumento del 50%", algo que, dijo, "nadie, ni siquiera en el sector privado, se puede pagar".
Álvarez aclaró que el ajuste presupuestario de 2.5 billones de pesos aplicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la Resolución 20/26 publicada este lunes en el Boletín Oficial, "no son recortes de programas universitarios, ni de Educación", sino que en lo que respecta al ámbito universitario alcanza a "fondos del Ministerio de Economía para obras".
"El ajuste no son fondos del Presupuesto de las universidades. Eran grandes obras que no se encontraban justificadas, que se discontinuaron porque eran del gobierno anterior", insistió Álvarez en declaraciones a radio Rivadavia.
En línea con dichos de funcionarios de la Casa Rosada, Álvarez calificó como "política" a la marcha universitaria, la cuarta que convocan autoridades, docentes y alumnos en rechazo al ajuste que, advierten, estaría poniendo en riesgo su funcionamiento.
Álvarez cuestionó una vez más el aumento salarial que reclaman los docentes estatales y aseguró que "no hubo recorte presupuestario", sino que "no hay una actualización salarial en la medida que quieren los sindicatos".
"Es la única paritaria que fue aprobada en el Congreso. Es una cosa única en la jurisprudencia. No vi que votaran una ley para actualizar los salarios de los panaderos o carpinteros", señaló al referirse a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según el artículo 5 de la ley que el Gobierno suspendió por considerar que no están garantizados los fondos para su aplicación, el Ejecutivo debe actualizar los salarios de los docentes y no docentes de acuerdo con la inflación registrada por el INDEC desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en octubre de 2025.
"Quieren 50% de aumento, quieren actualización toda junta por la inflación de 2023. Quieren todo porque a Massa no le exigían nada. A nosotros nos analizan como si fuéramos Suiza", se quejó el funcionario que depende del Ministerio de Capital Humano.
Cabe recordar que el lunes, antes de la marcha, Sandra Pettovello y Álvarez anunciaron que a partir de hoy pondrán en funcionamiento una mesa de diálogo con las autoridades universitarias para discutir la situación de las casas de altos estudios y sus presupuestos.
El Gobierno insiste en desmentir las denuncias de los rectores sobre un atraso en la transferencia de fondos, y asegura que están todos los pagos al día. Además, sostuvieron que la marcha en defensa de las universidades públicas "moviliza emocionalmente, pero está construida sobre una mentira".
Álvarez rechazó "lo que dice la UBA que no se transfirieron los presupuestos a los hospitales universitarios" y dijo que, por el contrario, "se transfirió todo. La UBA reclama un fondo común para todas las universidades y ellos pretenden el 95% de ese fondo".
"En todos los gobiernos pasa lo mismo con el hospital de Clínicas. Con todos los gobiernos tienen déficit. Habría que revisar por qué", señaló.
El funcionario recordó que "la primera marcha -en 2024- se hizo con el argumento de que queríamos cerrar las universidades y yo no veo ninguna universidad cerrada". Además, ratificó que el objetivo del Ejecutivo es sostener la realización de auditorías para controlar el uso del presupuesto de las universidades públicas, algo a lo que los rectores se oponen por considerar que viola la autonomía universitaria.
Álvarez dijo que "la idea (del Gobierno) es que haya un mecanismo racional para la asignación de esos fondos, porque históricamente se hizo de forma arbitraria, por política. Del 83 para acá, el presupuesto universitario se asignó por negociación política, no se cumple el procedimiento".
Y cuestionó que "el sistema universitario nos está dando muy pocos graduados y gasta 400 mil millones (de pesos) por mes en salarios, que se depositan en tiempo y forma".
Insistió que el objetivo es "modificar un artículo de financiamiento de la ley de Educación Superior" para que "diga que el presupuesto se va a asignar de acuerdo a indicadores objetivos, como la cantidad de metros cuadrados, alumnos, docentes".
"No podés tener muchísimos docentes, carreras con 18 docentes y un solo alumno", afirmó, para luego agregar que "eso lo estamos corrigiendo".