El Gobierno profundizó el ajuste del gasto público que había pedido el presidente Javier Milei a todos los ministerios y organismos públicos a partir del mes de mayo con el objetivo de sostener el superávit fiscal.
La resolución se conoció este lunes y fue publicada en el Boletín Oficial. La reducción afecta, entre otras áreas, a la planta de empleados públicos.
El Gobierno redujo los gastos ministerios y organismos públicos (Foto: archivo).
El Gobierno profundizó el ajuste del gasto público que había pedido el presidente Javier Milei a todos los ministerios y organismos públicos a partir del mes de mayo con el objetivo de sostener el superávit fiscal.
La decisión, que se concretó este lunes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, reduce en 2,5 billones de pesos las partidas presupuestarias en Salud, Educación, Obras Públicas, transferencias a las provincias, y también contempla una nueva reducción y reasignaciones de la planta de empleados públicos.
Como contrapartida a estos recortes, el Gobierno incrementó en $500.000.000.000 el límite para el pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente, elevando el monto total para este fin a $712.288.000.000 durante el año 2026.
También se asignaron partidas para financiar el “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, con el objetivo de reducir la planta de empleados en dicho organismo descentralizado
La medida se toma como consecuencia de la caída de los ingresos tributarios nacionales, que acumula nueve meses consecutivos de bajas interanuales, según había anticipado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa el pasado viernes.
Milei les había pedido a sus ministros un plan de ajuste equivalente al 2% de los gastos corrientes y 20% de los de capital, que tenía que ser presentado antes del 30 de abril.
En sus fundamentos, la resolución del Gobierno señala que "corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido".
Aclara que las rebajas de créditos se realizan "con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la Ley N° 27.798 de Presupuesto General", que establece como eje central del plan económico del Gobierno mantener a rajatabla el equilibrio fiscal entre ingresos y egresos, prohibiendo el financiamiento del Tesoro y del Estado mediante emisión monetaria.
Esta modificación integral del Presupuesto nacional se realizó mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficia y afecta a distintas áreas.
El recorte total asciende a $63.021.299.401. El programa con la baja más significativa es el de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que pierde $25.000.000.000 en fondos que debían ser transferidos a las administraciones locales.
También se registraron reducciones de $20.000.000.000 en el programa de Acceso a Medicamentos e Insumos, y de $5.000.000.000 en las partidas destinadas a la investigación y tratamiento del cáncer. Otras áreas afectadas incluyen la prevención de enfermedades endémicas, con una baja de $1.500 millones; el desarrollo de la salud sexual, con $900 millones menos; y la respuesta al VIH y tuberculosis con un recorte de $800 millones.
Sufrió una disminución de créditos por $78.711.139.759. La mayor quita se aplicó al Plan Nacional de Alfabetización, con una baja de $35.288.051.713, de los cuales $29.098.051.713 corresponden a transferencias que dejan de recibir los organismos provinciales.
Por otro lado, el Fondo de Compensación Salarial Docente, que asiste a las provincias con haberes más bajos para garantizar un piso salarial, tuvo una reducción de $8.929.835.294.
Además, se recortaron $21.686.636.818 en el rubro de infraestructura y equipamiento escolar.
El ajuste sobre las provincias se profundiza a través de la eliminación de transferencias directas del Tesoro Nacional. Bajo el concepto de "Otras Asistencias Financieras", se dieron de baja giros para gastos de funcionamiento provincial por un total de $494.290.000.000 en funciones administrativas y otros $155.710.000.000 destinados a servicios sociales.
En paralelo, el Ministerio del Interior recortó $320.670.508.980 del programa de Relaciones con las Provincias, mientras que el Ministerio de Economía redujo en $322.447.000.000 los fondos previstos para la coordinación fiscal con las jurisdicciones del interior.
En materia de infraestructura, la Dirección Nacional de Vialidad registró un recorte de $97.103.849.967.
La disminución afecta a la construcción de rutas, con una baja de $32.335 millones; el mantenimiento de la red existente, con $19.839 millones menos; obras de seguridad vial por $17.273 millones; la reparación de puentes -técnicamente denominados obras de arte- por $14.638 millones; y tareas de rehabilitación y repavimentación por $13.015 millones.
En el rubro hidráulico, se cancelaron fondos para proyectos estratégicos como el Acueducto Vipos en Tucumán, por $7.359 millones; el sistema de agua potable en Concordia, Entre Ríos, por $4.713 millones; y la planta depuradora de Rafaela, Santa Fe, por $4.284 millones.
La reestructuración también alcanzó al sistema científico y cultural. El CONICET sufrió una baja de $3.263.497.041, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) perdió $4.409.927.685, afectando proyectos de misiones satelitales y el desarrollo de vehículos lanzadores.
En cultura, se destaca la quita de $1.400.004.465 en el presupuesto del Palacio Libertad (ex CCK) y de $586.425.000 para el Parque Tecnópolis.
El Consejo de la Magistratura también recibió ajustes presupuestarios: $115.194 millones para gastos en personal y $22.000 millones para bienes de uso en el programa de Justicia de Máxima Instancia, con el objetivo de garantizar su funcionamiento normal.
A continuación, la Resolución 20/26 publicada este lunes en el Boletín Oficial.