El Gobierno debate cómo (y hasta cuándo) prolongar la cuarentena sin afectar la economía ni el "humor social"

Por ese motivo, el Presidente buscó apoyos políticos tanto en el oficialismo como en la oposición. Se vienen medidas duras y muy heterodoxas, fuera de todo paradigma económico.

“Hay que inyectar sangre en un enfermo terminal. Ahora hay que definir cuánta y donde, porque cualquier medida insuficiente o excesiva lo mata”, señaló un funcionario que conversa con Fernández, Guzmán y Kulfas.

Otra fuente de primer nivel señaló: “Hay que ver cómo armar en tiempo récord una economía de subsistencia que impida que todo se trabe”. Las medidas todavía no se conocen, pero deberán atender a sectores medios que aún no estuvieron en la agenda del Presidente: autónomos, monotributistas de medias y altas categorías y asalariados de empresas inactivas y cuentapropistas no alcanzados por ninguna medida.

Una franja enorme de la sociedad no percibirá ingresos por su trabajo. El Estado estudia la manera de reemplazar ese faltante y el Presidente está consultando economistas de todas las corrientes además de su equipo. Un fuerte debate se instaló en torno a la emisión monetaria, que sería la sangre que necesita el enfermo para subsistir en lo que dure la terapia intensiva.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, es el más restrictivo para convalidar una emisión desbocada. Kulfas y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideran que hay que avanzar porque es preferible una alta inflación al quiebre del sistema productivo, el cierre de empresas y una ola de despidos. Es un escenario que tampoco quiere Alberto.

El ministro de Economía, Guzmán, está en una postura de equilibrio. “No hay que perjudicar con lo que se haga a la sociedad”, dijo en reuniones privadas. Se refería a la renegociación de la deuda, ahora silenciada, y a la inminente trepada de la emisión monetaria. Hasta hace un mes y medio, todo el plan económico estaba atado a la suerte de la reestructuración de la deuda. Ahora, la economía y la deuda están atadas a la pandemia.

El FMI admitió que estamos ante una situación extraordinaria y que la crisis que se viene podría ser como la del 29. En el Gobierno ven luz verde del organismo para tomar decisiones por demás heterodoxas. “El rol de Guzmán será definir el tipo y factor en la transfusión de la sangre; cuanta y dónde ponerla”, señalaron en la Casa Rosada.

Alberto Fernández empoderó a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que recibiera los pedidos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Las demandas de sectores que quieren reabrir sus persianas es incesante. Pero Alberto Fernández sabe que cuando las permita -si es que las permite- será con un estricto cuentagotas y sólo si esa actividad garantiza aislamiento social y con protocolos muy estrictos de funcionamiento. Además tendrá en cuenta si implica que el transporte no se sature de gente en una concentración que daría por tierra con la cuarentena.

En las últimas horas circularon diversas fechas, como en una tómbola. Primero se dijo el 23 de abril como fecha de apertura, luego el 27 y por último el 3 de mayo. Alberto Fernández no consultó aún, hasta anoche, al comité de expertos infectólogos. Reunió en Olivos a su círculo íntimo: Guzmán, Kulfas, Cafiero Vilma Ibarra, secretaria legal y Técnica, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el de Salud, Ginés González García.

Mientras en las usinas de versiones pululaban distintas fechas, la Casa Rosada decía que Fernández sólo estaba analizando informes, testeando las medidas para la emergencia económica (Guzmán y Kulfas) y que todo era pura especulación y que todavía había que consultar a los expertos.

La ministra Frederic, por su parte, tuvo que dedicar gran parte del día a explicar su frase sobre el monitoreo del “humor social” mediante el cyberpatrullaje en las redes sociales públicas. A la ministra –en realidad, al Presidente- le preocupan los posibles estallidos sociales, los amagos de saqueos a los supermercados, las salideras en los bancos, y las violaciones por la cuarentena en Semana Santa y en los próximos tiempos.

La extensión de la cuarentena es un hecho y la vida no será normal hasta bien entrado mayo o junio. La discusión no es esa en Olivos, sino cómo hacerlo para que no colapse la economía y para atajar el clima social.

El malhumor de la clase media se hace sentir. Lo primero que hizo el Presidente fue montar un operativo de contención para el escándalo que significaron las denuncias por sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social y de la Anses. Habrá investigaciones internas y la diputada Graciela Ocaña, de Juntos para el Cambio, dice que investigará la compra de alcohol en gel en la obra social de los jubilados.

La titular del PAMI, Luana Volnovich, de La Campora, se dedicó a desmentir la denuncia. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por ahora descabezó al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo. Se esperan otras renuncias no definidas.

El escándalo de los sobreprecios tapó el de los bancos con los jubilados del viernes pasado y éste los errores del Presidente de reabrir la grieta con los empresarios. El nuevo escándalo sobre el cyberpatrullaje es explicado ahora por la ministra Frederic.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aprovechó para limar a su adversaria interna y dijo que “para saber cómo está el humor social yo me dedico a caminar por el territorio”.

Pero el área de Frederic señaló que el cyberpatrullaje “tiene un sentido análogo al del patrullamiento en ambientes físicos". Según ellos, permite detectar delitos flagrantes, anticiparse a la ocurrencia de hechos criminales, establecer alertas tempranas y actuar de forma preventiva. Por ejemplo, relatan, ante convocatorias a saqueos de comercios, supermercados y otros. Está muy clara cual es la preocupación de Frederic y de Alberto Fernández.

“El cyberpatrullaje no es 'cyberespionaje'. No implica tareas intrusivas ni invasivas, sino que se circunscribe estrictamente al análisis de contenido público con fines preventivos”, señala un funcionario de Seguridad.

En ese marco, Alberto Fernández refuerza su estrategia de contención social con la convocatoria por DNU a los intendentes y gobernadores para controlar los precios. Ello significa además un apoyo de éstos.

Además volvió a conversar con Cristina Kirchner, la invitó a Olivos, estrechó su relación con gobernadores e intendentes opositores y recibió a los empresarios en la Casa Rosada luego de decirles “miserables”. El Presidente se prepara para una batalla en la cual necesitará del apoyo de todos. Y de todas.