Javier Milei presentará este jueves los principales ejes del proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa será enviada al Congreso tras el receso invernal y busca reforzar la autonomía del organismo, limitar la emisión y poner fin al financiamiento del déficit fiscal.
Reforma del Banco Central: cuándo llegará al Congreso y qué cambios propone el Gobierno
Javier Milei presentará este jueves los principales ejes del proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA. La iniciativa ingresaría a Diputados tras el receso invernal y busca reforzar la autonomía de la entidad, limitar la emisión y eliminar las Letras Intransferibles.
El Presidente presentará este jueves los principales lineamientos de la iniciativa a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por integrantes de su equipo económico. Luego, el proyecto será enviado al Congreso para iniciar su recorrido legislativo.
La intención del oficialismo es que la iniciativa ingrese a la Cámara de Diputados una vez finalizado el receso invernal y se convierta en una de las principales discusiones parlamentarias de los próximos meses.
El texto fue elaborado con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
La iniciativa plantea una modificación profunda en el funcionamiento del organismo y apunta a reforzar su independencia frente al poder político. El proyecto también busca redefinir sus objetivos y limitar las herramientas mediante las cuales el Estado puede obtener financiamiento del BCRA.
Durante la campaña electoral, Milei había planteado directamente la eliminación del Banco Central. Sin embargo, esa propuesta fue reformulada y ahora el Gobierno apunta a mantener la entidad, pero con una misión más acotada.
Uno de los principales cambios será establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda, bajo la premisa de que la inflación está vinculada con la emisión monetaria.
Uno de los puntos centrales del proyecto será establecer límites a la posibilidad de que el Banco Central financie al Estado.
La iniciativa contempla prohibir la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal y restringir la asistencia financiera al Tesoro nacional. También se busca impedir que el organismo compre títulos públicos directamente en el mercado primario como mecanismo de financiamiento estatal.
El objetivo del Gobierno es evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado como fuente de recursos para cubrir el gasto público.
Otro de los ejes de la reforma será el fin de las Letras Intransferibles, instrumentos utilizados históricamente por el Estado para obtener financiamiento del Banco Central.
El proyecto también plantea modificar el tratamiento de las utilidades del organismo. La intención es limitar la distribución de ganancias contables y fortalecer las reservas técnicas para impedir que esos recursos puedan ser utilizados para financiar el gasto público.
La reforma también contempla cambios destinados a fortalecer la autonomía del directorio del Banco Central.
Entre las modificaciones previstas aparece un endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad. Una de las alternativas que analiza el proyecto establece que su desplazamiento requiera una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
De esta manera, el Gobierno busca reducir la posibilidad de que las autoridades del organismo sean removidas por razones políticas y otorgar mayor estabilidad a su conducción.
El proyecto también prevé incorporar sanciones para los funcionarios que incumplan las nuevas reglas y utilicen la emisión monetaria para asistir al Tesoro o vulneren la autonomía del Banco Central.
En ese sentido, la iniciativa busca establecer un marco legal más estricto para impedir que futuras administraciones puedan recurrir nuevamente a la emisión como herramienta para financiar el déficit.
Entre las novedades que analiza la reforma aparece además una cláusula de "shutdown" presupuestario, que establecería restricciones automáticas sobre las operaciones del Estado cuando se agoten las partidas contempladas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.
La medida apunta a reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales y evitar que el Gobierno pueda continuar ampliando el gasto por fuera de los límites establecidos en el presupuesto.
