La nueva resolución redefine cómo deben actuar las fuerzas de seguridad ante delitos informáticos que involucren a menores y amplía las excepciones para intervenir frente a riesgos de violencia en establecimientos educativos.
El Gobierno modificó el protocolo por amenazas en escuelas: cuáles son las nuevas medidas de las fuerzas de seguridad
El Gobierno nacional introdujo cambios en el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a delitos informáticos y redefinió las condiciones bajo las cuales podrán intervenir en investigaciones que involucren a menores de edad en entornos digitales.
La medida quedó oficializada mediante la Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca reforzar la respuesta ante el aumento de amenazas de violencia masiva en escuelas difundidas a través de redes sociales y otras plataformas digitales.
La resolución establece que el personal policial deberá respetar lo dispuesto por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y, como regla general, no podrá tratar datos sensibles ni publicaciones de niñas, niños y adolescentes sin una orden judicial.
Sin embargo, incorpora una serie de excepciones que permitirán mantener tareas de prevención e investigación cuando existan riesgos graves para la integridad física o la vida de menores, o para la seguridad de la comunidad.
En esos casos, las fuerzas podrán continuar con el monitoreo si existen indicios de:
La normativa dispone que, cuando durante una investigación se detecte que un menor está involucrado, la actividad policial deberá suspenderse y dejar constancia de lo actuado, notificando de inmediato a la autoridad correspondiente.
No obstante, esa suspensión dejará de ser obligatoria cuando se verifique alguno de los supuestos de excepción previstos por la resolución.
En esos casos, el personal deberá fundamentar por escrito las razones que justificaron la continuidad de la investigación y comunicar de inmediato la decisión a la autoridad responsable.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los cambios responden al crecimiento de los ciberdelitos y, especialmente, al incremento de amenazas de violencia en establecimientos educativos difundidas por internet.
La modificación se enmarca dentro del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027, que impulsa la actualización de herramientas para investigar delitos complejos en entornos digitales.
Además, complementa las tareas del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (FORCIC), creado para mejorar la prevención, detección e investigación de delitos informáticos, con el objetivo de combinar una respuesta más eficaz frente a situaciones de riesgo con el respeto de las garantías y derechos previstos por la legislación vigente.
