A raíz de los mails, la Policía Federal Argentina activó el protocolo antiterrorista y desplegó a la brigada antiexplosivos, mientras que también intervino la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tras las revisiones, no se hallaron artefactos ni indicios de explosivos.
Las amenazas también generaron alertas en el Congreso de la Nación Argentina, donde durante la noche anterior se activó un procedimiento de seguridad tras detectarse una mochila sospechosa. El objeto finalmente fue descartado como peligroso, pero el operativo se realizó bajo estrictos protocolos.
El caso quedó bajo investigación de la Justicia federal que quedó a cargo de Sebastián Ramos. El expediente, caratulado como intimidación pública, quedó a cargo del juez Sebastián Ramos, quien ordenó medidas para identificar a los responsables del envío de los correos electrónicos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en instituciones comunitarias y sedes diplomáticas ante el escenario de alerta.