A lo largo de aquel debate, si bien los diputados oficialistas y opositores coincidieron en la necesidad de aprobar una moratoria para las empresas, en Juntos por el Cambio decidieron no acompañar con su voto porque puso como condición excluir a Oil Combustibles de los beneficios, con el argumento que es una empresa que está en proceso de quiebra y tiene una causa por retención de impuestos.
El proyecto persigue el objetivo de mejorar la recaudación fiscal, que resultó seriamente afectada por la crisis económica generada por la crisis sanitaria.
También establece que se podrá acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Además, los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre.
Las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas, en tanto que para las obligaciones tributarias los plazos son de 96 o 120 cuotas.
La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará la una tasa variable.
Las empresas grandes en los próximos 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas, entre otras cuestiones.
Además, la Cámara alta también debatirá los dictámenes de la Comisión de Acuerdos del Senado solicitando que se designe como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a Hernán Patiño Mayer, Ricardo Alfonsín y Mateo Capitanich ante Hungría, España y Nicaragua, respectivamente.
En la sesión especial también se incluyó un acuerdo entre la República Argentina y la República Popular de China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en el país; otro sobre Cooperación Cinematográfica entre la República Argentina y el Estado de Israel; así como un tratado regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Asimismo, los senadores también debatirán la validez del DNU 636/20 emitido por el presidente Alberto Fernández que anula el DNU 522/20 que disponía la intervenir estatal de la empresa cerealera santafesina Vicentin.
Finalmente, se incluyó en la convocatoria un proyecto de ley sobre el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional.