Sueños compartidos: Schoklender negó el desvío de fondos y complicó a Aníbal Fernández

“Desde que empezó este proyecto mi estándar de vida cayó en picada”, sostuvo Schoklender al inicio de su exposición. Luego agregó que incluso aportó recursos propios para sostener el programa. “Hasta dos aviones puse, que compré con fondos propios”, afirmó.

El acusado señaló además que puso sus empresas al servicio del proyecto porque consideraba que se trataba de “el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción”.

Centro de investigación al PRO

En otro tramo de su declaración, Schoklender hizo referencia a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y aseguró que allí funcionaba un “centro de investigación” financiado mediante un subsidio fijo gestionado por Aníbal Fernández a través de Hebe de Bonafini.

Según su versión, esos fondos eran utilizados para impulsar “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”, que eran presentadas por el abogado Eduardo Barcesat.

Crítica a la obra pública

Schoklender también comparó el funcionamiento de Sueños Compartidos con otros esquemas de obra pública. En ese sentido, afirmó que durante aquellos años las constructoras “acuerdan una licitación, porque no eran épocas de transparencia, se cobraban los anticipos y se cobraba 5%, 10% o 20% en carácter de coima”.

Además, sostuvo que después las obras “se paralizaba por cualquier cosa y se pedía una redeterminación de precios. Y nosotros jamás lo pedimos”.

El ex apoderado aseguró que la única obra que recuerda suspendida fue una en Almirante Brown porque, según dijo, el terreno entregado era “un basural”. También mencionó trabajos realizados en El Impenetrable, donde construyeron un centro de salud y luego incorporaron una vivienda para el encargado y un espacio de aterrizaje para helicópteros ante emergencias.

Registro de gastos

Durante su exposición, Schoklender respondió además a declaraciones realizadas por distintos testigos y peritos del juicio.

En relación con la perito contable María Eleonora Feser, negó que la Fundación no tuviera centros de costos para registrar gastos, aunque aclaró que “ninguna ley los obligaba a tenerlos”.

Sobre el informe presentado por el perito de la Corte Suprema Francisco Guzmán, Schoklender fue especialmente crítico. “Da vergüenza ajena lo que escuchamos acá”, afirmó.

Según indicó, se comunicó con provincias donde se habían desarrollado las obras para verificar el estado de los proyectos y aseguró que le respondieron que las viviendas “estaban funcionando”.

Además, defendió el sistema constructivo utilizado en el programa y sostuvo que “la obra no era cara”. En ese sentido, explicó que el método aplicado “no es más barato, es más rápido”, aunque aclaró que los paneles empleados “no son más baratos” que los sistemas tradicionales.

Peritos de las evaluaciones técnicas y contables

En ese marco, Guzmán también afirmó que varias viviendas sociales construidas mediante convenios con la Fundación “no estaban en condiciones de ser entregadas”.

Como ejemplo, relató una inspección realizada en un barrio de Bariloche donde encontró a una familia que “se calefaccionaba con un tacho de chapa”, obtenía agua desde otra vivienda y tenía una conexión eléctrica “precaria”.

Por su parte, Feser indicó que los libros contables analizados habían sido confeccionados por la propia Fundación, aunque señaló que muchos asientos carecían de respaldo documental, como facturas, recibos o comprobantes de transferencias.