Sergio Berni, que era uno de los más inflexibles a la hora de tomar posición, terminó plegado a la mesa de diálogo que instrumentó el gobierno bonaerense para organizar la asistencia. Aunque, cerca suyo, tienen la lectura inversa: más allá de la pirotecnia verbal del inicio del conflicto, el kirchnerismo tuvo que aceptar el diagnóstico del sector duro y trabajar en consecuencia.
Ante ese escenario, Lucas Romero, analista de la consultora Synopsis, identifica las tensiones en el Frente de Todos en los cuestionamientos internos respecto de cómo se permitió que surgiera el problema. “Los intendentes apuntan a la policía, y la policía a algunos sectores dentro del gobierno que tienen vínculo con las organizaciones que podrían haber estado detrás de las tomas”, dice, en diálogo con A24.com, y le pone nombres a esa disputa: “Berni versus Fernando “Chino” Navarro”.
Por ser la provincia un distrito “sensible” para la coalición (su fuente de legitimidad), Romero evalúa que tanto Kicillof como Cristina Kirchner -que le presta a ese territorio mucha más atención que a la gestión nacional- buscan por todos los medios evitar una resolución conflictiva.
Pero, según advierte, “es probable que con una salida pacífica el costo sea mucho mayor”. ¿Por qué?. “Guernica se transformó en un leading case -apunta-. Si se resuelve concediendo más de lo que la situación requiere a quien está violando la propiedad privada, se puede estar generando una situación de problemas posteriores”.
Cifras y contornos
Según los números de la Provincia requeridos por este portal, hasta el momento fueron reubicadas unas 400 familias, que firmaron un acta para abandonar el predio de manera voluntaria, por lo que resta llegar a un acuerdo con otras 900. La fecha límite para el desalojo, que la Justicia volvió a correr por pedido del gobierno, está fijada entre el 15 y el 30 de octubre.
“La crisis habitacional tiene mucho tiempo en Argentina”, evalúa Gildo Onorato, integrante de UTEP y referente del Movimiento Evita. “Ante la crisis económica, social y el hacinamiento por el Covid, es inhabitable que se generen tomas -le dice a A24.com-. Donde no hay lugar, las familias lo van a buscar. Hay una necesidad concreta, independientemente de que después puedan montarse negocios espurios de algunos vivos, que son la minoría”.
El dirigente, que trabaja con las bases en el territorio, aclara que los movimientos sociales no promueven las tomas pero pone el acento en que la resolución de cualquier conflicto social “tiene que ser canalizada institucionalmente, porque es la manera en que el Estado se haga cargo”. Por eso estarán atentos, avisa, ante la posibilidad de un desalojo violento.
¿Qué están reclamando las organizaciones? El pliego en Guernica tiene dos puntos fundamentales:
- Un lote de 30 x 10 con luz, gas y agua potable;
- Un fideicomiso para que las familias puedan acceder a un crédito a tasa cero.
“Necesitamos 5 millones de lotes con servicios”, dice Onorato sobre la problemática a nivel nacional. En ese sector ven potables estas demandas ante la gran cantidad de “tierras fiscales y quebrantos públicos” en el país.
En el municipio de Presidente Perón -que contiene a Guernica y está a cargo de Blanca Cantero, del PJ- evitan entrar en polémicas y sólo le piden a las voces del kirchnerismo que relativizaron la gravedad del problema que se hagan “responsables” de lo que dicen.
Acusan a las organizaciones de izquierda, en cambio, de fogonear las tomas y hacerles promesas a las familias. Aseguran que por las noches muchos ocupantes se van del predio y advierten, además, sobre la supuesta intención de algunos sectores de perseguir un “negocio inmobiliario” en la zona.
Coinciden desde el kirchnerismo: “Esos terrenos tienen hoy una tasa que, cuando esté la autopista de Presidente Perón, va a revalorizarse. Por eso la izquierda está pidiendo que le dejen un 10%. Acá se conjuga la necesidad con la especulación”, resumen, en un diagnóstico sin vueltas.
En la oposición, el conflicto también es mirado desde la perspectiva de sus implicancias en otras provincias. A la toma de Villa Mascardi en Río Negro se sumaron, ahora, usurpaciones en el Gran Rosario.
“Estas prácticas se dan en el marco de la ilegalidad”, insiste el diputado del PRO Federico Angelini, vecino de esa ciudad. “A partir de cierta pasividad y contrapuntos entre quienes tienen que resolver, las organizaciones aprovechan y, en su mayoría, lotean los terrenos y luego los venden. La Justicia no actúa en el momento y, después, es mucho más difícil el desalojo”, advierte el legislador ante la consulta de este portal.
Desde una mirada integral, Romero se pregunta además si no hay que considerar a las tomas como un síntoma similar a los saqueos. “Cuando hay un deterioro semejante en el contexto social y económico, lo más probable es que irrumpa la vulneración del estado de derecho, porque desaparece la legalidad”. Ese es el delicado equilibrio sobre el que se mueven las autoridades.
Entre los intendentes del Conurbano también tienen clara la necesidad de que se brinden servicios en los terrenos donde sean reinstaladas las familias -que llegaron a Guernica desde distritos vecinos como Almirante Brown, Florencio Varela, Lomas de Zamora y La Matanza-. No sirve de nada reubicar a esa población si, en el corto plazo, surgiera otra demanda que no podrá atenderse. Parece elemental, pero los servicios básicos no son una garantía en muchas zonas del vasto paisaje del Conurbano. Y es a contrarreloj resolver la situación.
