La Casa Rosada sospecha que funcionarios de la Procuración del Tesoro habrían vendido datos sensibles durante el juicio por la expropiación de YPF. El procurador Santiago Castro Videla prepara desplazamientos.
La Procuración del Tesoro despidió esta tarde a 60 funcionarios y anunció la reducción de área técnicas después de que se descubrieran presuntas filtraciones de información, que habrían repercutido en el desarrollo del juicio por la expropiación de YPF.
En un fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, el Estado argentino fue obligado a entregar el 51% de sus acciones al fondo Burford, que se encuentra por el momento suspendido hasta que se pronuncie la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, destacó el organismo que preside Santiago Castro Videla en un comunicado.
La Procuración del Tesoro de la Nación, responsable de representar al Estado argentino en litigios como el juicio por la expropiación de YPF, informó que lleva adelante un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas”. Según el organismo, la medida busca “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
Desde el cambio de gestión en febrero de 2025, la PTN redujo su planta en más de un 20%. La estructura también sufrirá una transformación: pasará de contar con seis Direcciones Nacionales a solo cuatro y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. “Esto último, para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”, se precisó.
Entre los principales ejes de la reestructuración se mencionó “la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”. También se remarcó que, desde el inicio del actual mandato, se aplicó “una nueva política de ahorro y reasignación de recursos” que permitió reducir comitivas y gastos vinculados a viajes oficiales.
Respecto del funcionamiento futuro del cuerpo de abogados del Estado, la Procuración aseguró que continuará operativo gracias a “la reasignación interna de funciones que anteriormente eran tercerizadas”. En ese sentido, indicaron que esto “refleja una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos”.
Después de conocerse la noticia de posible filtración, fuentes cercanas a la Casa Rosada habían adelantado a A24.com que el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, "va a echar segundas líneas" del organismo.
De esta manera, el Gobierno no descarta que haya habido "venta de información" por parte de funcionarios de la Procuración del Tesoro a abogados del fondo Burford, que fueron luego utilizada en el juicio.
Por otro lado, la misma fuente destacó acerca del litigio por YPF que "el abogado de la Argentina es el abogado de Trump, así que estamos bien encaminados ante la Justicia norteamericana", en referencia a Robert Joseph Giuffra Jr, titular del estudio Sullivan & Cromwell.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para apoyar al Gobierno argentino en el juicio por la expropiación de YPF. La intención es sostener la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado nacional pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012.
El documento, ingresado este martes, fue formulado en carácter de amicus curiae, una figura jurídica que habilita a terceros a intervenir en causas de interés público para aportar argumentos. En esta oportunidad, la presentación fue firmada por los abogados David E. Farber y Benjamin H. Torrance, integrantes de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en respaldo de la posición argentina. Los fundamentos detallados del escrito todavía no fueron difundidos, aunque se espera una ampliación en los próximos días.
Según fuentes judiciales, el objetivo del Departamento de Justicia es contribuir a que se mantenga vigente la suspensión del fallo de Preska, mientras avanza la instancia de apelación. Aunque el amicus no es vinculante, el respaldo formal del Gobierno estadounidense tiene un peso político que podría incidir en la evaluación del tribunal.
La Argentina ya había recibido un gesto similar durante la presidencia de Joe Biden, cuando en octubre de 2023 el entonces fiscal David Williams también firmó una presentación como amicus curiae. En aquel texto, la Casa Blanca advertía que forzar la entrega de acciones de YPF violaría el principio de inmunidad soberana y recomendaba rechazar el pedido del fondo Burford Capital.
Ese argumento, basado en que la Justicia estadounidense carece de competencia para ejecutar activos de estados extranjeros, podría ser retomado en la actual intervención del Departamento de Justicia, esta vez bajo la administración de Donald Trump.
Hasta el momento, la jueza Preska no ha dado señales de modificar su posición: hace apenas diez días, volvió a ordenar el traspaso de acciones en favor de Burford. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei busca acumular apoyos institucionales internacionales que respalden su apelación y den mayor volumen político a la estrategia legal en curso.
