Critícas a las gestiones anteriores
Torres también apuntó contra las gestiones provinciales anteriores, a las que acusó de no haber formalizado legalmente la cesión de acciones acordada en 2012 con el Estado Nacional. “Ese acuerdo nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, advirtió el gobernador, en referencia al traspaso del 49% del paquete accionario a las provincias petroleras.
Asimismo, cuestionó el criterio utilizado en la distribución de esas acciones: “Mendoza se llevó el 20% y a Chubut, que desde hacía varios años era la primera productora de petróleo del país, le dieron solamente el 8%”.
Por su parte, el vicegobernador Gustavo Menna recordó que la ley de expropiación de 2012 dispuso que “el 49% de esas acciones pasaban a las provincias petroleras”, y remarcó que “hoy esas acciones de Chubut están embargadas por orden de la jueza Loretta Preska sin contemplar que nuestra provincia no es parte ni es deudora en ese juicio”.
La diputada Ana Clara Romero acompañó la postura provincial. “Además de defender a los chubutenses y a lo que es nuestro en el Congreso, nos vamos a presentar ante la Corte de Nueva York para pedir el levantamiento del embargo”, afirmó.
El conflicto judicial surge del juicio por la expropiación de YPF en 2012, en el que la jueza Preska falló a favor de los fondos litigantes y habilitó el embargo sobre las acciones controladas por el Estado argentino. La sentencia incluye el 51% de la empresa, aunque parte de ese porcentaje fue distribuido entre provincias productoras de hidrocarburos, agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
Desde la provincia aseguran que la participación de Chubut en YPF se encuentra indebidamente alcanzada por esa medida, y esperan que el planteo ante la Corte de Apelaciones sirva para revertir el embargo.