La cantidad de Facturas de Crédito Electrónica (FCE) que utilizaron las pequeñas y medianas empresas como herramienta para financiarse y obtener capital de trabajo creció, en el último año, un 59%, al pasar de 3.121 a 4.953.
A partir de julio de 2022 las grandes empresas tendrán un plazo máximo de 25 días para pagar las Facturas de Crédito Electrónico emitidas por proveedores PyMES.
La cantidad de Facturas de Crédito Electrónica (FCE) que utilizaron las pequeñas y medianas empresas como herramienta para financiarse y obtener capital de trabajo creció, en el último año, un 59%, al pasar de 3.121 a 4.953.
Además, este instrumento financiero aumentó un 453% en relación a los montos negociados, totalizando $17.700 millones en el año 2021, tanto para ser descontadas en el mercado de capitales, a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), o de entidades bancarias.
Es importante destacar la importancia del uso de la FCE como herramienta de financiamiento en la cadena del petróleo y gas, donde se descontaron en 2021 casi $8.500 millones impulsadas por las MiPyMEs proveedoras de YPF S.A., subsidiarias asociadas y negocios.
Esto representan el 48% del total del monto negociado, según el estudio Características de las PyMEs proveedoras de la cadena de petróleo y gas publicado este mes por la Secretaría de la Pequeña Empresa y los Emprendedores y el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).
“La estrategia del Ministerio de Desarrollo Productivo, como autoridad de aplicación, es que las PyMEs encuentren certeza de cobro de sus facturas y, a la vez, que tengan opciones para acceder a capital de trabajo de forma cada vez más simple y complementaria a las más de 30 líneas de financiamiento que se pusieron en marcha en los últimos dos años. En este sentido, consideramos fundamental la sinergia con los organismos públicos como la AFIP, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y los actores privados”, destacó el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz.
El régimen de FCE ofrece algunas ventajas para las empresas de menor tamaño ya que el titular de la deuda es la gran empresa: no necesita garantía, disminuye el costo del financiamiento y además no le consume el cupo de crédito disponible en las instituciones financieras con las que la PyME trabaje.
La FCE establece que una micro, pequeña o mediana empresa está obligada a emitir este comprobante en todas las operaciones comerciales que realiza con una empresa grande (de un listado público difundido por la AFIP en su web), siempre que el monto total sea igual o superior a $195.698. Esta herramienta ofrece oportunidad de financiamiento para las más de 219 mil empresas que son parte de la cadena de valor de las más grandes como proveedoras.
Cuando una MiPyME emite la FCE, puede optar por transferirla a un Agente de Depósito Colectivo para su negociación en el Mercado de Capitales (opción tradicional) o al Sistema de Circulación Abierta (SCA) para su endoso, cesión, aval, descuento o depósito en el Sistema Bancario (nueva opción desde el Home Banking). A su vez, también pueden ser negociadas mediante sistemas informáticos que faciliten la realización de operaciones de factoring.
Para lo que resta del 2022, se prevé un nuevo crecimiento de esta alternativa de financiamiento a medida que más empresas grandes opten por aceptar las facturas y, a su vez, más entidades bancarias se vayan incorporando al Sistema de Circulación Abierta, que irá sumando nuevas funcionalidades durante este año para incrementar el financiamiento de este segmento de MiPyMEs proveedoras directas de las grandes empresas.
Una de las funcionalidades se pondrá en marcha en el mes de abril, cuando comenzará a funcionar la Central de Facturas Impagas al Vencimiento (CenFIV), según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Allí se reportarán las facturas que al vencimiento no hayan sido pagadas por parte de alguna de las 1.300 empresas grandes, ya sea por falta de fondos o que no se haya informado una cuenta de pago.
