Al analizar los casos, la firma detectó que muchas de estas personas ya habrían utilizado la misma metodología con otras financieras del mercado. Además, varios expedientes fueron impulsados por los mismos estudios jurídicos o abogados, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una maniobra coordinada.
“El objetivo no fue otro que frustrar el pago de los créditos, presentando documentación con plena conciencia de que no iban a cumplir con los pagos”, sostiene la denuncia, que califica los hechos como parte de un fraude planificado y no como casos aislados de morosidad.
Para los querellantes, el patrón es claro: los préstamos fueron solicitados con la intención de no pagar, y las quiebras fueron presentadas como una estrategia para eludir el cumplimiento de las deudas. La suma total de los créditos otorgados en estas condiciones supera los 40 millones de pesos, lo que según la denuncia configura una maniobra delictiva “deliberada y con dolo”.
La fiscal Susana Muscianisi, a cargo de la investigación, avanza en la causa bajo la carátula de “estafa genérica”. Entre las primeras medidas ordenadas, se encuentra el secuestro de los expedientes judiciales donde se tramitan los concursos preventivos de los deudores involucrados. La lista de imputados incluye tanto a los abogados como a sus clientes.
La Justicia busca ahora determinar si se trató efectivamente de una red de fraude financiero organizada, con operadores legales detrás de cada presentación judicial.