En 2013, había 40.652 presos en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal y el Sistema Penitenciario Bonaerense. Seis años después, en 2019, el número de presos aumentó a 63.094, según informó el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV).
Ese aumento, del 55%, fue muy superior al crecimiento poblacional, que, según las proyecciones del INDEC, fue del 6,5% en ese período.
Entre esos más de 60.000 presos, la mitad son jóvenes: tenían menos de 30 años al ser detenidos. Ese dato es doblemente preocupante al vincularlo al siguiente: 39% ya había estado en prisión por otro delito. Además, de ese total, 42% solo cursó hasta la primaria y 76% tenía trabajo en el mes previo a la detención.
Marcelo Bergman, director del CELIV, destacó en rueda de prensa que el 72% de los presos están detenidos por delitos patrimoniales o vinculados a las drogas: "La gran mayoría son delitos poco violentos, sobre todo de venta de drogas".
A su vez, se disminuyó la cantidad de detenidos que fueron informados de su derecho a tener un abogado que los defienda. En 2013, el 51% de los que respondieron la encuesta afirmaron haber sido avisados de ese derecho, mientras que solo el 45% respondió de esa manera en 2019.
El otro indicador que mide el CELIV mostró una leve mejora: aumentó la proporción de detenidos que fueron informados de su derecho a realizar una llamada, en 5 puntos porcentuales.
Los otros dos indicadores mostraron una muy leve mejora: se redujeron los casos de abuso sexual y la violencia física puertas adentro de las instituciones carcelarias.