Ciudadanía española: colapsó el Consulado en Buenos Aires y hay más de 645.000 trámites acumulados

El impacto del proceso también se refleja en el volumen físico de la documentación: los expedientes acumulados ya representan unas 56 toneladas de papel. En paralelo, durante el segundo semestre de 2025 se sumaron 298.701 nuevos pedidos, mientras que en los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza también se concentran otros 220.000 trámites.

La magnitud del fenómeno obliga a mirar antecedentes. Si se toma como referencia la Ley de Memoria Histórica, bajo la cual se resolvieron unos 60.000 casos en diez años, al ritmo actual se necesitarían más de 100 años para procesar todo el volumen de solicitudes generado por la nueva normativa.

Cómo se tramitan los expedientes y por qué hay demoras

Desde el Consulado explicaron que los trámites se procesan de manera individual, no por grupo familiar, y bajo un criterio estrictamente cronológico. Es decir, cada expediente se analiza según la fecha en la que fue presentado. Quienes entregaron la documentación antes, tendrán resolución antes.

Uno de los principales focos de reclamo entre los solicitantes es la demora en la generación del Identificador Único del Expediente (IDU), que se activa a través de un correo electrónico y resulta clave para seguir el estado del trámite y avanzar en el proceso.

Las autoridades consulares también reconocieron limitaciones técnicas. En un boletín informativo y en su sitio oficial advirtieron que los sistemas informáticos actuales no permiten procesar con la velocidad necesaria la enorme cantidad de gestiones digitales, lo que extiende todavía más los plazos. Como respuesta, aseguraron que se está trabajando en mejoras de conectividad e incorporación de nueva infraestructura tecnológica.

Qué establece la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática amplió el acceso a la nacionalidad española por herencia. Permite solicitarla a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de exiliados que abandonaron el país por persecución política, ideológica, religiosa o por motivos vinculados a la orientación e identidad sexual.

Uno de los cambios centrales de esta legislación fue que dejó de ser obligatorio acreditar el exilio como requisito excluyente, lo que facilitó la apertura de miles de expedientes. Además, la disposición adicional octava también habilita el acceso a la nacionalidad para los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la ciudadanía a través de la Ley de Memoria Histórica de 2007 o de la normativa actual, así como para quienes hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español.

En paralelo, quienes buscan la ciudadanía por residencia deben cumplir con otros requisitos: acreditar uno o dos años de permanencia legal en España, según cada caso, no tener antecedentes penales y demostrar un grado suficiente de integración.

Una demanda que no deja de crecer en la Argentina

La presión sobre el sistema consular español en el país no sorprende si se tiene en cuenta el vínculo histórico entre ambas naciones. La comunidad española en la Argentina es la más numerosa fuera de España: al 1 de enero de 2024 había 482.176 ciudadanos españoles residentes en territorio argentino.

A eso se suma una estimación de casi tres millones de personas con vínculos familiares con España, lo que convierte al país en uno de los principales focos de demanda para este tipo de trámites.

Mientras tanto, tanto el Consulado como el Consejo de Residentes Españoles insisten en pedir paciencia y comprensión. Admiten que, por la magnitud del proceso, la resolución de los expedientes demandará mucho más tiempo del habitual, aun con la supervisión directa desde Madrid y los refuerzos tecnológicos y administrativos en marcha.