El desesperado pedido de la familia de Ángel por el traslado de su cuerpo: "Cada día..."

El abogado Roberto Castillo, representante legal de la familia, cuestionó de manera contundente el informe médico y remarcó que existen elementos suficientes para investigar un contexto de maltrato sistemático, negligencia extrema y posible abandono. Desde esta perspectiva, el caso no debería limitarse únicamente a la discusión sobre una enfermedad respiratoria, sino también avanzar sobre eventuales responsabilidades de quienes debían proteger al niño.

La querella también puso el foco sobre organismos estatales y funcionarios vinculados al sistema de protección de menores, señalando posibles fallas graves en las decisiones que determinaron el entorno en el que Ángel vivía antes de su fallecimiento. Según denuncian, hubo advertencias previas que no habrían sido atendidas con la seriedad necesaria.

Mientras la investigación judicial sigue su curso, la familia decidió impulsar una campaña pública para mantener viva la memoria del pequeño y evitar que su caso quede en el olvido. Amigos, allegados y vecinos comenzaron a colocar afiches con la imagen de Ángel en distintos puntos estratégicos de Comodoro Rivadavia, buscando visibilizar el pedido de justicia y sensibilizar a la comunidad.

Sin embargo, esta iniciativa también se vio golpeada por hechos que incrementaron la tristeza y la indignación del entorno familiar. Varios de esos carteles fueron destruidos, arrancados o vandalizados, una situación que Lorena describió como devastadora.

“Duele que rompan su imagen”, manifestó entre lágrimas, dejando en evidencia cómo incluso los gestos destinados a honrar la memoria del niño se transformaron en nuevas fuentes de sufrimiento.

Para quienes acompañaron a Ángel en vida, la hipótesis de una muerte natural resulta inaceptable. La familia insiste en que el menor fue víctima de circunstancias mucho más graves y sostiene que detrás del expediente judicial existen señales alarmantes que no pueden ser ignoradas.

“Fue asesinado”, repiten con firmeza, en una declaración que resume la convicción de que hubo violencia y omisiones determinantes en el desenlace fatal.

En el expediente, la Justicia trabaja actualmente sobre dos ejes centrales que podrían definir el rumbo de la causa. Por un lado, persiste la hipótesis de maltrato infantil, inicialmente respaldada por hallazgos médicos que revelaron múltiples hematomas internos en el cuerpo del niño. Estas lesiones despertaron sospechas sobre posibles episodios reiterados de agresión física.

Por otro lado, también se analiza una posible cadena de responsabilidades estatales vinculadas a decisiones judiciales y administrativas previas. La permanencia de Ángel bajo determinados cuidados, pese a advertencias familiares, es uno de los puntos que genera mayor controversia y podría abrir investigaciones sobre negligencia institucional.

La incorporación de la neumonía bilateral como causa de muerte plantea ahora nuevos interrogantes. Los fiscales deberán determinar si la enfermedad fue tratada adecuadamente, si hubo abandono de persona por no haber solicitado asistencia médica en tiempo y forma, o si la patología fue utilizada para encubrir otras situaciones de violencia o descuido.

Este escenario jurídico podría modificar de forma significativa la situación procesal de personas actualmente detenidas o bajo investigación, además de ampliar el alcance hacia actores institucionales que hasta ahora no estaban formalmente imputados.

La muerte de Ángel se convirtió así en mucho más que un caso policial: expone con crudeza las fragilidades de los sistemas de protección infantil, la complejidad de las decisiones judiciales sobre guarda de menores y el devastador impacto que generan las sospechas de violencia familiar.

En Comodoro Rivadavia, la comunidad sigue con atención cada avance, mientras crece la presión social para que la causa no se cierre con respuestas superficiales. Marchas, publicaciones en redes y campañas comunitarias continúan alimentando el pedido de esclarecimiento total.

La familia, atravesada por el dolor más profundo, sostiene su lucha con una mezcla de desesperación y fortaleza. El objetivo es claro: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y lograr que, si existieron responsables directos o indirectos, enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes.

Cada nuevo elemento que surge en la investigación parece abrir más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente una enfermedad no tratada? ¿Existió violencia previa? ¿Hubo abandono? ¿Falló el sistema de protección?

Mientras esas incógnitas persisten, la historia de Ángel permanece como una herida abierta en Chubut. Su nombre se transformó en bandera de reclamo para una sociedad que exige certezas y justicia frente a una muerte infantil rodeada de dudas.

El caso continúa desarrollándose en medio de pericias cruzadas, tensiones legales y una familia que, pese al desgaste emocional, no está dispuesta a bajar los brazos. En cada cartel, en cada publicación y en cada declaración pública, el mensaje se mantiene intacto: Ángel merece justicia.